Poco después de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitara a la Fiscalía que investigara a su hijo mayor, Nicolás Petro, ante los rumores de que estaría cobrando sobornos para incluir a delincuentes en los procesos de paz que adelanta el Gobierno, la Procuraduría ha anunciado la apertura del caso.
La procuradora general, Margarita Cabello, ha explicado que tan pronto como supo de las demandas del presidente Petro, ha decidido abrir una investigación contra el primogénito de este al tratarse de “un servidor público”, pues es diputado en la Asamblea del departamento de Atlántico.
“Nos corresponde abrir la investigación correspondiente para, después del debate probatorio, tomar la decisión que corresponda”, ha dicho Cabello, informa RCN.
El jueves, el presidente Petro sorprendió al emitir un comunicado pidiendo a la Fiscalía que investigara tanto a su hijo mayor como a su hermano Juan Fernando Petro Urrego ante los rumores de que estarían cobrando sobornos a miembros de grupos armados y narcotraficantes para acogerse al plan de paz total del Gobierno.
Petro recalcó que no se otorgará beneficios a criminales a cambio de sobornos y que el único funcionario para contactar con las organizaciones al margen de la ley es el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda. “Mi compromiso con Colombia es lograr la paz y quien quiera interferir, o sacar provecho personal, no tiene cabida en el Gobierno, incluso si son miembros de mi familia”, enfatizó.
En los últimos días, el comisionado Rueda puso en conocimiento del fiscal general, Francisco Barbosa, la existencia de un colectivo de abogados que estaría cobrando hasta un millón de dólares a narcotraficantes y delincuentes a cambio de maniobrar para que puedan ser incluidos en el plan de paz del Gobierno de Colombia.
“Unos pocos abogados faltos de ética profesional han pretendido engañar a personas privadas de libertad y a sus familias, cobrando dinero a cambio de promesas que van desde supuestas asignaciones en las gestorías de paz, a traslados penitenciarios e, incluso, a la suspensión de procesos de extradición”, dijo Rueda.
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Este grupo de abogados estaría utilizando las visitas que Juan Fernando Petro y la senadora Piedad Córdoba realizaron a varias cárceles para entrevistarse con algunos de sus reos durante la pasada campaña electoral para hacerles creer que podrían ser beneficiados con la política de ‘paz total’ del Gobierno.
