En una decisión que marca un hito en la lucha contra la corrupción política en Colombia, la Corte Suprema de Justicia ordenó este miércoles 7 de mayo de 2025 la captura de Iván Name Vásquez, expresidente del Senado, y Andrés Calle Aguas, expresidente de la Cámara de Representantes, por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La Sala de Instrucción del alto tribunal, con una votación de cuatro a dos, determinó que ambos excongresistas deberán responder por los delitos de cohecho y peculado, tras ser señalados de recibir sobornos que ascienden a $4.000 millones de pesos: $3.000 millones para Name y $1.000 millones para Calle. Según la investigación, estos pagos habrían sido entregados a cambio de favorecer contratos relacionados con la atención de emergencias y desastres, específicamente tras la firma de un contrato para la adquisición de 40 carrotanques.
Las pruebas principales provienen de los testimonios de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y Sneyder Pinilla, exsubdirector, quienes detallaron cómo se habrían realizado los pagos a los entonces presidentes de las corporaciones legislativas5. Además, la exconsejera presidencial Sandra Ortiz habría aportado información clave sobre la entrega de los dineros.
La reacción del presidente Gustavo Petro no se hizo esperar. A través de su cuenta en X, https://x.com/petrogustavo, el mandatario respaldó la decisión de la Corte Suprema y criticó a Name y Calle, señalando la gravedad de los hechos y el impacto negativo de sus acciones en la agenda legislativa del país. Petro enfatizó que este tipo de conductas atentan contra la confianza ciudadana y la integridad del Estado.
La noticia generó conmoción en el Congreso, donde Iván Name, quien había presidido el Senado entre julio de 2023 y julio de 2024, se despidió de la plenaria anticipando la posibilidad de su detención. Por su parte, Andrés Calle, quien lideró la Cámara de Representantes en el mismo periodo, también deberá enfrentar la justicia en medio de un proceso que promete nuevas revelaciones y posibles implicados.
Este caso pone en evidencia la urgencia de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la gestión pública, así como la importancia de una justicia independiente para enfrentar la corrupción en las más altas esferas del poder.
La investigación sigue en desarrollo y se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre el avance del proceso y las posibles consecuencias políticas y judiciales para otros funcionarios vinculados al escándalo.
