En un paso significativo hacia la paz urbana en Buenaventura, las bandas delincuenciales Shottas y Espartanos acordaron con el Gobierno colombiano no reclutar ni utilizar niños y niñas en actividades relacionadas con la violencia. Este compromiso forma parte de un Espacio de Conversación Socio-Jurídica destinado a fijar los términos de sometimiento a la justicia y lograr un Acuerdo por la Paz de Buenaventura durante 2025.
El acuerdo, publicado por la oficina del consejero comisionado para la Paz de Colombia, Otty Patiño, establece que los menores no podrán ser empleados como ejecutores directos o indirectos de violencia, incluyendo tareas como el transporte de armas o ser utilizados como escudos humanos. Además, las bandas se comprometieron a respetar espacios infantiles como centros educativos y deportivos, y a no ejercer violencia física, psicológica o sexual contra niños y niñas.
El Gobierno nacional, por su parte, se comprometió a fortalecer el sistema de atención y protección de los menores en la ciudad. Se creará un mecanismo de monitoreo y seguimiento para asegurar el cumplimiento del acuerdo. Este mecanismo será crucial para garantizar que las bandas cumplan con sus compromisos y que el Estado pueda intervenir de manera efectiva en caso de incumplimiento.
Este acuerdo al que se llega con las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto Shottas y Espartanos en Buenaventura es supremamente importante.
El acuerdo de no uso y explotación de niñas y niños en la violencia armada y el reconocimiento del Protocolo… pic.twitter.com/GaPyBBVeRi
— ʟᴇᴏɴᴀʀᴅᴏ ɢᴏɴᴢᴀʟᴇᴢ ᴘᴇʀᴀғᴀɴ (@leonardonzalez) March 13, 2025
Este pacto marca un avance significativo en la lucha contra el reclutamiento infantil en zonas afectadas por la violencia en Colombia, y refuerza los esfuerzos del gobierno por construir la paz urbana en Buenaventura. La ciudad, conocida por ser un importante puerto en el Pacífico colombiano, ha sido históricamente afectada por la violencia y el crimen organizado, lo que ha tenido un impacto devastador en la población, especialmente en los menores de edad.
La iniciativa también busca mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Buenaventura, quienes han sufrido durante años las consecuencias de la violencia y la inseguridad. Al garantizar la protección de los espacios educativos y recreativos, se busca crear un entorno más seguro para que los niños y jóvenes puedan desarrollarse sin el temor a ser reclutados o afectados por la violencia.
El acuerdo ha sido bien recibido por organizaciones de derechos humanos y comunidades locales, quienes ven en este compromiso una oportunidad para avanzar hacia una sociedad más justa y pacífica. Sin embargo, también se han expresado preocupaciones sobre la efectividad del mecanismo de monitoreo y la capacidad del Estado para asegurar el cumplimiento de los acuerdos.
En los próximos meses, será crucial observar cómo se implementa este acuerdo y cómo impacta en la realidad de Buenaventura. La construcción de la paz urbana requiere no solo acuerdos, sino también acciones concretas que mejoren la vida de los ciudadanos y garanticen un futuro más seguro para las generaciones venideras.
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