El Gobierno ecuatoriano tiene previsto anunciar este mes su plan de regularización para la migración venezolana, un proyecto en el que se han implicado países donantes y Naciones Unidas para ofrecer soluciones inclusivas a más de medio millón de personas.
El plan, que buscará ofrecer soluciones «a corto y mediano plazo», y no una «naturalización» a largo plazo, supone un cumplimiento de la promesa electoral que hizo el mandatario para resolver el problema humanitario de cientos miles de migrantes radicados en el país andino en los últimos cinco años.
«Estamos a pocos días de presentar formalmente el reglamento trabajado no solamente a nivel interno y en base a lo que el presidente Guillermo Lasso propuso al país, sino precisamente con la conferencia de donantes», dijo a Efe el nuevo ministro de Exteriores de Ecuador, Juan Carlos Holguín.
Según Holguín, se trata de «más de 500.000 personas ya establemente en el Ecuador sin regularización y que quieren hacer de Ecuador su lugar estable».
El plan también incluirá soluciones a «casi 200.000 personas flotantes que van hacia el sur», lo que ha requerido el diálogo también con los Gobierno de Colombia y Perú.
La intención es ofrecer la regularización «inmediata» para aquellos que no pudieron acogerse al plan del anterior gobierno de Lenín Moreno, bien por la llegada de la pandemia del coronavirus o porque sencillamente no tenían los 50 dólares requeridos para el visado humanitario.
Se trata, puntualizó el ministro, de un proceso para que «aquellos ciudadanos que no estaban regularizados tengan, no solamente una perspectiva de dignidad, sino también de inclusión económica, social y cultural a nuestro país«.
Y «transparentar lo que hoy por hoy no está transparentado».
«Es un reto enorme pero esa es la situación que tenemos», precisó el ministro sin ofrecer cifras sobre el coste del proyecto, en el que países como Canadá, Alemania y otros de la Unión Europea han ofrecido su ayuda para que el plan «recoja las preocupaciones» que se tenían.
«Como decimos acá, han ayudado con ‘con plata y persona’, con fondos de cooperación no reembolsables, con equipos técnicos, y el sistema de Naciones Unidas jugó un papel fundamental».
Entre los requisitos que serán tenidos en cuenta están los antecedentes penales del candidato, según el ministro, para quien el proyecto ofrece resolver «la vulnerabilidad» de este grupo.
“Ahora bien, este proceso de solución no quita la problemática de origen que tiene la migración y eso -creo yo de manera muy personal- es algo que hay que empezar a discutir en la región”, manifestó.