De estos casos, «el 4,15 % han sido sentenciados», indicó el defensor del Pueblo en funciones, César Córdoba, en una rueda de prensa.
«Tenemos en investigación previa 29.720 casos; archivos aceptados, 9.061; archivos solicitados, 5.421; sentencias condenatorias o absolutorias, 2.161; dictámenes acusatorios, 1.571; llamamientos a juicios, 1.186; sobreseimientos, 870; sentencias que ratifica estados de inocencia, 589», enumeró.
Apuntó que, de acuerdo al Consejo de la Judicatura, que es el órgano administrativo de la función judicial, entre 2018 y 2023 existe un total de 9.006 casos, 28,49 % de los cuales han sido reportados como resueltos, es decir, 2.566.
Córdoba cuestionó que difieran las cifras de las dos entidades «siendo un sistema igual».
Investigación
Procesados
Por otra parte, señaló que la Defensoría Pública (defensa legal gratuita) indicó a la Defensoría del Pueblo que hay «8.368 casos de patrocinio a procesados. Es decir, el 80 % de los casos que la Defensoría Pública defiende son a aquellos procesados por delitos de violación, pedofilia, pederastia, acosadores sexuales».
«Y defiende a 2.070 víctimas, es decir, al 19,83 %», agregó al ver que era necesario «reenfocar la política pública».
Citando datos del Ministerio del Interior, anotó que el 64 % de los casos denunciados no continúan el proceso por diversos factores, entre ellos, problemas en la elaboración de los partes, falta de exámenes médicos, entre otros.
«Esta responsabilidad es del Estado, no de las víctimas», apuntó.
Con datos del Ministerio de Salud Pública indicó que desde 2018 hasta la actualidad «existen 15.000 casos atendidos» y se preguntó qué ocurrió con el resto de los casos denunciados.
Sin denuncia
Citando informes del Ministerio de Educación, Córdoba añadió que «existen 547 casos que no han sido denunciados a la Fiscalía. ¿Qué pasó con los protocolos?, ¿Dónde están 547 casos de niños presuntamente violados, acosados?», cuestionó.
Además, aseguró que hay casos que se invisibilizan pues «los colegios se esconden para no asumir responsabilidades».
Córdoba lamentó que los menores se encuentran en «indefensión» y señaló que «no existe quién genere a favor de ellos esta defensa a través de la ejecución de una política pública».
Pidió que se desarrollen mesas de trabajo interinstitucionales a fin de que se pueda atender de mejor manera todos estos problemas de niñez y adolescencia.
Añadió que «el Estado ecuatoriano debe contar con una mesa general de inversión en política pública para temas de niñez y adolescencia, recordando que somos el país de América que menos inversión tiene en favor de la niñez y adolescencia».
«Basta de impunidad»
«Basta de impunidad en contra de aquellas personas agresoras a los niños, niñas, adolescentes. Evitemos esta impunidad, este silencio que se considera la peor manera de alentar a estos perpetradores: pedófilos, pederastras, acosadores sexuales», dijo el funcionario.
Señaló que la impunidad «no es solo de la justicia. La impunidad viene dada por todos los ministerios que tienen que ver en esta área, por todos los estamentos: Corte Nacional, Consejo de la judicatura…».
De su lado, Lorena Chávez directora nacional del Mecanismo de Promoción y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, se quejó en la rueda de prensa de la falta de información de distintos estamentos que facilite perfilar datos de los agresores.
