La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el miércoles 30 de septiembre del 2021 los hechos de violencia en la Penitenciaría del Litoral, que causaron más de 100 muertos y 80 heridos, y pidió al país que investigue lo sucedido.
La CIDH advirtió en su cuenta de Twitter que en lo que va del año en Ecuador “más de 200 personas” han fallecido como resultado de la violencia en las penitenciarías.
En ese contexto, instó al Estado ecuatoriano a “investigar de oficio y con debida diligencia los hechos”. Además, pidió “implementar acciones para evitar la repetición, como aumentar la seguridad y vigilancia en las penitenciarías, y prevenir el accionar de grupos criminales” dentro de estos centros.
En 2021 serían más de 200 personas fallecidas, resultado de la violencia en penitenciarías. Se recuerda que los Estados tienen el deber jurídico de adoptar medidas que garanticen derechos a la vida, integridad personal y seguridad de personas bajo su custodia.
— CIDH – IACHR (@CIDH) September 29, 2021
“Se recuerda que los Estados tienen el deber jurídico de adoptar medidas que garanticen los derechos a la vida, integridad personal y seguridad de las personas bajo su custodia”, puntualizó el organismo con sede en Washington en un hilo de mensajes.
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (Snai) de Ecuador informó este miércoles en Twitter que “hasta el momento” se confirman “más de 100″ personas privadas de la libertad fallecidas y 80 heridos durante los incidentes ocurridos el martes.
A raíz de los hechos, el Presidente Guillermo Lasso, declaró un estado de excepción “por grave conmoción interna” en todo el sistema penitenciario de su país durante un plazo de 60 días.
El estado de excepción busca “precautelar los derechos de las personas privadas de la libertad, como grupo de atención prioritaria”, así como los de los guías penitenciarios y de los efectivos policiales, según el decreto ejecutivo.
Igualmente dispone que los organismos de la administración pública, especialmente el Snai, las Fuerzas Armadas y la Policía, coordinen y ejecuten acciones para restablecer el orden y prevenir nuevos hechos de violencia en las cárceles.