Este martes 31 de diciembre de 2024, la Fiscalía General del Estado confirmó que los cuerpos calcinados hallados en Taura el 24 de diciembre corresponden a los cuatro niños desaparecidos tras ser detenidos por militares en Guayaquil. La identificación se realizó mediante pericias de genética forense, luego de que los restos fueran encontrados en una zona de difícil acceso.
Ismael Arroyo (15 años), Josué Arroyo (14 años), Nehemías Arboleda (15 años) y Steven Medina (11 años) desaparecieron el pasado 8 de diciembre, luego de ser detenidos por un grupo de 16 militares cerca del Mall del Sur, en el sector de las Malvinas, según denunciaron sus familias.
De acuerdo con el alto mando militar, los menores fueron aprehendidos bajo sospecha de un delito flagrante, aunque la Fiscalía desestimó estas acusaciones tras no encontrar evidencia que vinculara a los adolescentes con actividades ilícitas. Los padres, por su parte, aseguraron que los niños habían salido a jugar fútbol y responsabilizaron al Estado por su desaparición.
#URGENTE | #CasoMalvinas: #FiscalíaEc informa que los resultados de las pericias de genética forense confirman que los 4 cuerpos encontrados en #Taura corresponden a los 3 adolescentes y un niño desaparecidos tras un operativo militar, el pasado 8 de diciembre. pic.twitter.com/5z7rqThE6R
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) December 31, 2024
Horas después de su detención, las familias recibieron llamadas alarmantes de los menores, quienes denunciaron haber sido golpeados y abandonados sin ropa en un área rural de Taura.
Los cuerpos, hallados completamente calcinados, no pudieron ser identificados de forma inmediata. Solo a través de pruebas de ADN se confirmó que correspondían a los menores desaparecidos.
La noticia fue comunicada a las familias tras la audiencia de formulación de cargos, en la que un juez dictó prisión preventiva para los 16 militares implicados en el caso, acusados del presunto delito de desaparición forzada.
El hallazgo y la confirmación de las identidades han causado conmoción en el país, mientras organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil exigen justicia para las víctimas y sus familias.