El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) expresó su profundo pesar y condena ante la muerte de los hermanos Ismael y Josué Arroyo (15 y 14 años), Saúl Arboleda (15) y Steven Medina (11), cuyos restos fueron hallados calcinados tres semanas después de haber sido detenidos por miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) el pasado 8 de diciembre en el sur de Guayaquil.
La aprehensión de los menores se llevó a cabo bajo el pretexto de una alerta de robo, según el Ministerio de Defensa. Sin embargo, la Fiscalía informó que no hay pruebas que respalden esta versión. Tras ser llevados a la parroquia Taura, el Ministerio de Defensa aseguró que los niños habían sido liberados “sanos y salvos”, pero días después sus cuerpos fueron encontrados en estado irreconocible.
UNICEF calificó el caso como una tragedia que «deja una herida que atraviesa a todo el país», enfatizando la necesidad de justicia, reparación integral y garantías de no repetición. La organización recordó que Ecuador, al ser signatario de la Convención sobre los Derechos del Niño, está obligado a proteger los derechos de todos los menores y garantizar justicia en procesos que involucren a adolescentes en conflicto con la ley.
Los 16 militares involucrados fueron procesados por desaparición forzada y se dictó prisión preventiva. Según las autoridades judiciales, los uniformados incumplieron los protocolos establecidos al detener a los menores.
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— UNICEF Ecuador (@unicefecuador) January 3, 2025
El Estado bajo escrutinio internacional
La ONU y UNICEF exigieron investigaciones exhaustivas e imparciales que cumplan con los estándares internacionales en derechos humanos. Estas organizaciones subrayaron que los menores tienen derecho a un sistema de justicia juvenil especializado, el cual debe respetarse incluso en casos de aprehensión.
Por su parte, el ministro de Gobierno, José de la Gasca, señaló que «no se puede hablar de un crimen de Estado» ni de un crimen de lesa humanidad en este caso. Según De la Gasca, las investigaciones determinarán si la desaparición forzada derivó en la ejecución extrajudicial de los niños. Además, defendió a las Fuerzas Armadas y pidió no generalizar la responsabilidad institucional con lo sucedido.
Impacto en la sociedad ecuatoriana
El caso «Las Malvinas» ha generado una amplia indignación en la sociedad ecuatoriana, que exige respuestas claras y acciones contundentes para evitar la impunidad. Organizaciones de derechos humanos han manifestado que este caso podría marcar un precedente sobre el uso de la fuerza por parte del Estado y la protección de los derechos de los niños.
El desarrollo de este caso será clave para garantizar que los responsables sean juzgados y que se refuercen las medidas de protección a la infancia en Ecuador.