El decreto instruye al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a evaluar la presencia y actividad del cártel en territorio ecuatoriano, así como sus vínculos con bandas criminales locales. Además, establece la coordinación con agencias de inteligencia extranjeras para intercambiar información y fortalecer operativos conjuntos
Ecuador se unió este jueves a la lista de países que califican al Cártel de los Soles como una organización terrorista, siguiendo los pasos de Estados Unidos. La medida, firmada por el presidente Daniel Noboa en el Decreto Ejecutivo Nº 93, declara al grupo como una amenaza directa para la población, el orden constitucional y la integridad del Estado.
El decreto instruye al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a evaluar la presencia y actividad del cártel en territorio ecuatoriano, así como sus vínculos con bandas criminales locales. Además, establece la coordinación con agencias de inteligencia extranjeras para intercambiar información y fortalecer operativos conjuntos.
La decisión llega apenas tres semanas después de que Estados Unidos, a través de su Departamento del Tesoro, designara al Cártel de los Soles como Organización Terrorista Global Especialmente Designada (SDGT). Washington acusa al grupo de ser dirigido por Nicolás Maduro y altos mandos militares venezolanos, y de colaborar con organizaciones como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa en el tráfico de cocaína y armamento.
El Cártel de los Soles, según informes de la DEA y otros organismos internacionales, surgió a finales de los años 90 dentro de las fuerzas armadas venezolanas y evolucionó hacia una red transnacional de narcotráfico, con operaciones que abarcan desde Sudamérica hasta Europa y África. Su nombre proviene de las insignias con soles dorados que portan los generales de la Guardia Nacional Bolivariana.
Con esta decisión, Ecuador se posiciona como un aliado regional de la estrategia estadounidense para aislar a Maduro y presionar al régimen chavista. La medida abre la puerta a operativos conjuntos, extradiciones y sanciones económicas contra individuos o empresas que colaboren con la estructura criminal.
El presidente Noboa defendió la declaratoria como “una acción necesaria para proteger la seguridad nacional y cerrar el paso a las redes de narcotráfico que amenazan la estabilidad del país”.