En una audiencia matutina el martes 5 de marzo, la fiscal general Diana Salazar presentó pruebas contundentes que vinculan a Mayra Salazar con una compleja red de corrupción que operaba en la Corte de Guayas. Según las investigaciones, Mayra Salazar, actualmente en prisión por su relación con la red del narcotraficante Leandro Norero, desempeñó un papel clave en la manipulación de acciones judiciales y administrativas.
Las revelaciones indican que Salazar fue contratada como publicista por la presidenta de la Corte, Fabiola Gallardo, a instancias del exasambleísta Pablo Muentes. Este último, junto con Gallardo, influyó en la contratación de Salazar para garantizar su elección como presidenta de la Corte Provincial del Guayas. Sin embargo, Gallardo afirma que la decisión de contratar a Salazar vino del Consejo de Judicatura.
Las actividades de Salazar incluían negociaciones con jueces de Guayas y servir como operadora de cuentas troll para promover los mensajes de Muentes. Además, se descubrió que Salazar tenía conocimiento y control sobre el sistema de sorteos de causas, manipulándolo a su favor para obtener fallos favorables.
#AHORA | #CasoPurga: la fiscal general del Estado, @DianaSalazarM2, informa sobre la ejecución de un operativo, en el marco de una investigación –derivada del #CasoMetástasis– por presunta #delincuenciaorganizada en #Guayas.
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— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) March 4, 2024
El Ministerio Público sostiene que estas manipulaciones afectaron casos de importancia, como una acción de protección presentada por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército contra la Empresa de Movilidad y Obras Públicas de Quito por un contrato de 30 millones de dólares.
La fiscalía ha identificado a Pablo Muentes como el líder de la estructura criminal, con Fabiola Gallardo y el juez Johann Marfetán también involucrados en la planificación y ejecución de actividades delictivas. Otros nueve individuos están siendo procesados como colaboradores en el caso «Purga».
La solicitud de prisión preventiva para 11 procesados, incluido el arresto domiciliario para el juez Reinaldo Cevallos, resalta la gravedad de las acusaciones. Cevallos es señalado por ordenar al Banco del Pacífico el pago de casi 4 millones de dólares a Pablo Muentes, a pesar de una disputa financiera anterior entre Muentes y el banco.
El caso, que se sigue por delincuencia organizada, también implica cargos adicionales de tráfico de influencias, cohecho y prevaricato. Mientras tanto, el Banco del Pacífico aún no ha cumplido con la orden de pago, a la espera de una resolución en la Corte Nacional de Justicia.
Estas revelaciones arrojan luz sobre una trama de corrupción profundamente arraigada en la Corte de Guayas y subrayan la importancia de investigaciones rigurosas y acciones legales para combatir la corrupción en todas sus formas.
#AHORA | #CasoPurga: se reinstala la audiencia de formulación de cargos contra 12 personas –incluidas la expresidenta de la Corte de #Guayas, Fabiola G., y el exasambleísta Pablo M.– por presunta #delincuenciaorganizada. Juez informará las medidas cautelares para los procesados. pic.twitter.com/qd6pJSx4bZ
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) March 5, 2024