Diana Salazar es una figura importante en el \u00e1mbito judicial de Ecuador, conocida por su trayectoria en el sistema de justicia del pa\u00eds. Tambi\u00e9n ha ocupado diversos cargos dentro de la Fiscal\u00eda General del Estado, culminando con su nombramiento como Fiscal General en abril de 2019.<\/p>\n
Su carrera ha estado marcada por su participaci\u00f3n en casos relevantes que han tenido un impacto significativo en la lucha contra la corrupci\u00f3n y otros delitos graves.<\/p>\n
Antes de asumir el cargo de Fiscal General, Salazar acumul\u00f3 experiencia como directora de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico (UAFE), donde se destac\u00f3 en la investigaci\u00f3n de delitos econ\u00f3micos. Su formaci\u00f3n acad\u00e9mica incluye una licenciatura en Ciencias P\u00fablicas y Sociales, adem\u00e1s de una maestr\u00eda en Derecho Procesal Penal, lo que le ha permitido desempe\u00f1arse en sus funciones judiciales.<\/p>\n
Desde su nombramiento, Salazar ha encabezado investigaciones de alto perfil y ha implementado diversas estrategias para fortalecer la independencia judicial en Ecuador. Su gesti\u00f3n ha sido observada de cerca tanto a nivel nacional como internacional, dado el contexto pol\u00edtico y social en el que se desenvuelve la justicia ecuatoriana.<\/p>\n
El caso Encuentro es la fusi\u00f3n de dos investigaciones de la Fiscal\u00eda ecuatoriana que involucran a Danilo Carrera, cu\u00f1ado del expresidente Guillermo Lasso. Estas investigaciones, conocidas como Le\u00f3n de Troya y Encuentro, revelan un supuesto esquema de corrupci\u00f3n en la administraci\u00f3n p\u00fablica y empresas estatales.<\/p>\n
El 31 de octubre de 2023, la Fiscal\u00eda decidi\u00f3 unificar ambas investigaciones tras descubrir hechos relevantes en los procesos. El caso Encuentro se inici\u00f3 en enero de 2023, tras las revelaciones del portal La Posta en su serie \u2018El Gran Padrino\u2019. Seg\u00fan La Posta, Carrera, sin ocupar un cargo oficial, manejaba empresas p\u00fablicas y decid\u00eda las colaboraciones privadas a cambio de sobornos.<\/p>\n
Las investigaciones tambi\u00e9n apunt\u00f3 a Hern\u00e1n Luque, expresidente del directorio de EMCO, y Leonardo Cort\u00e1zar, presunto operador de la red de corrupci\u00f3n en CNEL. Audios filtrados por el medio de comunicaci\u00f3n mencionan a Carrera como l\u00edder de la trama y a Luque exigiendo 150 mil d\u00f3lares mensuales, depositados en una cuenta en Andorra.<\/p>\n
Carrera neg\u00f3 las acusaciones y demand\u00f3 por difamaci\u00f3n a Andersson Bosc\u00e1n. Guillermo Lasso, por su parte, defendi\u00f3 a Carrera p\u00fablicamente y orden\u00f3 la colaboraci\u00f3n total del Ejecutivo con la Fiscal\u00eda, asegurando la inexistencia de estructuras criminales en su gobierno.<\/p>\n
El 4 de marzo de 2024, la Fiscal\u00eda y la Polic\u00eda Nacional realizaron un operativo en Guayas que result\u00f3 en la detenci\u00f3n de 12 personas, entre ellas Pablo Muentes, exasamble\u00edsta del Partido Social Cristiano (PSC), y Mar\u00eda Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas. Este operativo, denominado Caso Purga, es parte de una investigaci\u00f3n por presunta delincuencia organizada derivada del Caso Met\u00e1stasis.<\/p>\n
La fiscal general del Estado, Diana Salazar, afirm\u00f3 que el caso busca sanear el sistema judicial de la corrupci\u00f3n. La Fiscal\u00eda alega que Pablo Muentes estableci\u00f3 relaciones con Gallardo y otros jueces para controlar decisiones judiciales y cambios administrativos en beneficio propio, resultando en varios delitos como prevaricato, tr\u00e1fico de influencias, cohecho y fraude procesal.<\/p>\n
Durante el operativo, se incautaron armas de fuego, tel\u00e9fonos celulares, dispositivos de almacenamiento, relojes Rolex, joyas, y dinero en efectivo en la casa de Muentes. En la audiencia de formulaci\u00f3n de cargos, se dict\u00f3 prisi\u00f3n preventiva para 11 detenidos, incluyendo a Muentes y Gallardo, y arresto domiciliario para uno de ellos por ser mayor de 65 a\u00f1os.<\/p>\n
Las autoridades est\u00e1n evaluando las medidas disciplinarias para los funcionarios judiciales detenidos, mientras el contralor general del Estado revisa las declaraciones patrimoniales de los jueces implicados para detectar posibles incrementos no justificados.<\/p>\n