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Con el asesinato a tiros del candidato presidencial Fernando Villavicencio, aspirante del movimiento Construye (lista 25), registrado este 9 de agosto en Quito, suman ya siete los presidenciables que han sido asesinados en los últimos cuarenta y cinco años en países de América Latina, específicamente en Ecuador, Colombia y México.
1) Abdón Calderón Muñoz (Ecuador, 1978)
Abdón C
alderón Muñoz, de 53 años, fue candidato presidencial del Frente Radical Alfarista en las elecciones celebradas en Ecuador en julio de 1978. Fue un firme opositor a la dictadura del Consejo Militar de Gobierno de ese entonces. Fue víctima de un atentado al estilo sicariato el 29 de noviembre en Guayaquil, cerca de las 20:00, al salir del templo masónico ubicado en las calles Lavayen y Ayacucho.
Calderón pertenecía a la logia masónica y obtuvo el quinto lugar en las elecciones presidenciales de julio de ese año, en las que resultó electo Jaime Roldós Aguilera.
Se conoció que la orden para el atentado la dio un general de las Fuerzas Armadas y que contrató a dos sicarios: Guillermo Plin Méndez y Luis Oswaldo García Almeida, alias Gordo Lucho, que huyeron en una motocicleta luego del ataque.
Calderón Muñoz no murió en ese momento y, con el fin de salvarlo, fue trasladado en un avión ambulancia hasta el Hospital Andersen de Miami (Estados Unidos), donde finalmente falleció el 9 de diciembre.
2) Jaime Pardo Leal (Colombia, 1987)
Jaime Hernando Pardo Leal, de 46 años, fue asesinado el 11 de octubre de 1987 en Bogotá (Colombia). Fue un abogado y político colombiano del partido Unión Patriótica, por el que fue candidato en las elecciones presidenciales de 1986.
Su muerte ocurrió en la vereda Patio Bonito del municipio de La Mesa un domingo, luego de pasar con su familia en su finca. En horas de la tarde, el vehículo en el que se movilizaba fue sorprendido por otro desde el que comenzaron a disparar. El político fue trasladado al Hospital de La Mesa y murió a pocas horas del atentado.
Tras su muerte se presentaron protestas y movilizaciones en distintas zonas del país. Su entierro en Bogotá fue multitudinario y luego se conoció que los autores del crimen fueron miembros del cartel de Medellín.
Este crimen, al igual que otros de miembros del mismo partido, fueron declarados en 2014 por la Fiscalía General de Colombia como delitos de lesa humanidad. Concluyeron que se trató de un plan de parte de sectores políticos en alianza con agentes de seguridad del Estado, narcotraficantes y paramilitares para impedir el ascenso de movimientos de izquierda en la política colombiana.
3) Luis Carlos Galán (Colombia, 1989)
Luis Carlos Galán Sarmiento, de 46 años, fue asesinado en Soacha, Cundinamarca, el 18 de agosto de 1989. Fue candidato a la Presidencia de Colombia en 1982 y 1986 por el Nuevo Liberalismo (movimiento fundado por él mismo como derivación del Partido Liberal), y en 1989 por el Partido Liberal Colombiano, para las elecciones de 1990. Fue asesinado durante un evento de su última campaña presidencial, el 18 de agosto de 1989, por sicarios bajo las órdenes del cartel de Medellín.
Fue asesinado poco antes de comenzar su discurso en un mitin electoral en horas de la noche. Recibió cinco disparos, de los cuales tres resultaron fatales. Los autores materiales actuaron bajo órdenes de Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha y Alberto Santofimio Botero. Esta muerte generó un gran dolor en la población y derivó en la creación de un cuerpo élite en la Policía.
César Gaviria, jefe de debate en la campaña de Galán, fue designado su sucesor para la elección y ganó la Presidencia de Colombia.
En el año 2016, el Consejo de Estado de Colombia declaró delito de lesa humanidad el crimen de Galán y en noviembre de ese año fue condenado a 30 años de cárcel el general de la Policía Miguel Maza Márquez, quien ejercía en 1989 como director del Departamento Administrativo de Seguridad, debido a que debilitó de manera deliberada el esquema de seguridad de Galán, pese a que tenía amenazas en su contra.
4) Bernardo Jaramillo Ossa (Colombia, 1990)
Al igual que Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Ossa también fue asesinado antes de las elecciones presidenciales de Colombia de 1990. El crimen ocurrió el 22 de marzo; tenía 34 años y era militante del Partido Comunista Colombiano. Asumió la presidencia de la Unión Patriótica (UP) después del asesinato de Jaime Pardo Leal, en 1987. Era candidato presidencial por el mismo partido en el momento de su muerte y miembro del Senado.
Pese a haber recibido amenazas de muerte, no usaba su chaleco antibalas. El ataque ocurrió cuando esperaba en el terminal aéreo de Bogotá para tomar un vuelo con destino a Santa Marta, donde tomaría vacaciones y prepararía su campaña. Un sicario de 16 años lo esperaba en el sitio y le disparó.
Jaramillo fue llevado a una clínica, pero murió por una demora en el ascensor y no alcanzó a llegar al quirófano para ser intervenido.
Hasta la fecha, su crimen aún no está completamente esclarecido. Inicialmente se culpó a Pablo Escobar, pero esto fue desmentido por el narcotraficante. Este crimen, al igual que los de los demás miembros de la UP, fueron declarados en 2014 por la Fiscalía Colombiana como delitos de lesa humanidad.
5) Carlos Pizarro Leongómez (Colombia, 1990)
Solo treinta y cuatro días después del asesinato de Bernardo Jaramillo, el guerrillero y político colombiano Carlos Pizarro Leongómez fue asesinado en Bogotá, el 26 de abril de 1990, a los 38 años, siendo candidato presidencial por la Alianza Democrática M-19, movimiento político que surgió del grupo guerrillero M-19 tras su desmovilización.
Pizarro, máximo comandante del M-19 entre 1986 y 1990, el día del crimen tomó un vuelo a Barranquilla durante la campaña presidencial y, en pleno vuelo, un sicario conocido como alias Jerry logró ingresar al mismo avión y sacó del baño una metralleta con la que le disparó, aunque luego fue asesinado por los escoltas del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
El candidato murió horas después en una clínica y su cadáver fue llevado a la Quinta de Bolívar, el lugar donde se dio a conocer el M-19 al robar la espada de Bolívar.
Antonio Navarro Wolff, jefe de debate en la campaña de Pizarro, fue designado su sucesor y obtuvo el tercer lugar en las elecciones presidenciales de 1990.
6) Luis Donaldo Colosio (México, 1994)
El político mexicano Luis Donaldo Colosio Murrieta fue asesinado a los 44 años en Tijuana, Baja California, el 23 de marzo de 1994. Era miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Se desempeñó como diputado, senador, presidente del partido y titular de la Secretaría de Desarrollo Social de México. En el momento de su muerte era candidato a la Presidencia por el PRI.
El día de su muerte se encontraba en un mitin en el que uno de los asistentes penetró el cerco de seguridad y puso un revólver Taurus calibre 38 cerca del oído derecho del candidato y disparó. Otro disparo lo alcanzó en el abdomen.
El candidato fue trasladado al Hospital General de Tijuana, donde se le realizaron diversas maniobras, pero se determinó que médica y clínicamente era imposible salvarlo por la lesión en la cabeza.
Su asesino fue capturado en el lugar del incidente. Era un hombre de 23 años de nombre Mario Aburto Martínez. Sobre el crimen se originaron diferentes versiones, una acerca de conspiración de Estado, pero esta nunca se confirmó y la versión oficial solo señaló a Aburto como responsable. Colosio fue reemplazado por Ernesto Zedillo, quien se convirtió en presidente en diciembre de ese año.
7) Fernando Villavicencio (Ecuador, 2023)
El crimen más reciente en la región es el de Fernando Villavicencio, periodista, exlegislador y candidato del movimiento Construye (lista 25). Fue asesinado a los 59 años al estilo sicariato al salir del coliseo del colegio Anderson en Quito. El hecho se suscitó alrededor de las 18:20 del 9 de agosto.
Testigos señalaron que se escuchó una ráfaga de disparos y vieron que Villavicencio cayó al piso malherido. El candidato fue trasladado a la Clínica de la Mujer, donde se confirmó su fallecimiento. De momento hay seis sospechosos detenidos para investigaciones y también falleció uno de los presuntos sicarios mientras era trasladado a una casa de salud.
Se presume que los asesinos, para cubrir su huida, lanzaron una granada que no explotó en ese instante y que luego fue destruida a través de una detonación controlada hecha por la Policía Nacional. De momento siguen las investigaciones. El Ejecutivo ha asegurado que se aplicará todo el rigor de la ley para que los responsables materiales e intelectuales paguen con la máxima pena.
“A mi esposo lo asesinaron porque fue el único que se enfrentó a las mafias políticas y a los narcotraficantes de este país”, ha dicho su esposa, Verónica Sarauz, en sus redes sociales.
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Fuente: El Universo
