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La última evaluación del World Justice Project revela que Bolivia ocupa el puesto 131 de 143 naciones, logrando un puntaje global de aproximadamente 0,37 en una escala que va de 0 a 1 y evidenciando serias fallas en derechos fundamentales y corrupción.
El informe revela debilidades persistentes en áreas críticas como la independencia judicial, la corrupción y la protección de derechos fundamentales. Esto coloca a Bolivia entre los países más rezagados de América Latina.
Según el estudio, Bolivia presenta resultados bajos en los ocho factores que se utilizan para la evaluación. Estos factores son: limitaciones al poder gubernamental, ausencia de corrupción, orden y seguridad, derechos fundamentales, gobierno abierto, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. En todos estos aspectos, el país se sitúa por debajo del promedio tanto regional como mundial.
El indicador más preocupante es la ausencia de corrupción, donde Bolivia se encuentra entre los últimos lugares del ranking global, con un puntaje de alrededor de 0,23. El informe advierte que los actos de corrupción impactan diferentes niveles del Estado, afectando a instituciones judiciales, policiales y administrativas.
El acceso limitado a la justicia y las demoras en los procesos judiciales siguen afectando la confianza de la ciudadanía en los tribunales. El informe señala que tanto el sistema penal como el civil presentan fallas en su eficiencia y en la garantía de derechos.
En la región, Bolivia se encuentra por debajo del promedio latinoamericano. En contraste, países como Uruguay, Chile y Costa Rica mantienen los niveles más altos en cuanto a Estado de Derecho.
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