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Dentro de los 28 imputados que reveló la Contraloría resaltan los nombres de Luis Alfredo Ramos, Aníbal Gaviria y Sergio Fajardo por el caso Hidroituango.
Foto: asuntoslegales.com.
La Contraloría reveló quienes serán imputados por el caso Hidroituango. La entidad imputó a 28 personas y archivó la investigación de otros seis.
Dentro de los presuntos responsables se encuentran: los exgobernadores de Antioquia, Sergio Fajardo y Luis Alfredo Ramos; los exalcaldes de Medellín, Aníbal Gaviria y Fabio Salazar; Los exgerentes de EPM, Juan Esteban Calle y Ferderico Restrepo.
Así cómo a miembros de junta directiva y funcionarios: Alejandro Antonio Granda, Álvaro de Jesús Vásquez, Ana Cristina Moreno, Iván Mauricio Pérez, Jesús Arturo Aristizábal, Luis Guillermo Atehortúa, John Alberto Maya, Jorge Mario Gallón, Luis Javier Duque, María Eugenia Ramos, y Rafael Andrés Nanclares.
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Adicionalmente, fueron imputados los integrantes del Consorcio CCC Ituango (Construccoes e comercio Camargo Correa, Constructura Concreto y Coninsa Ramón H.S.A), los integrantes del Consorcio Túneles Ituango (Ferrovial Agroman Chile y Sainc Ingenieros Constructores), y a los integrantes del Consorcio Ingetec-Sedic (Ingetec y Sedic) y del Consocrio Generación Hidroituango (Integral e Integral Ingeniería de Supervisión).
Personas archivadas
La investigación fue archivada para al exgerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, quien no actuó con culpa grave; a Jesús Alfonso Jaramillo, Secretario privado del Departamento de Antioquia y suplente de Sergio Fajardo, quien tampoco obró sin culpa grave.
De igual manera a Sebastián Álvarez, gerente de proyectos del Departamento de Antioquia; Wilson Chinchilla, funcionario de EMP; Hugo Mora, miembro de junta directiva que casi siempre fue suplente; y a la empresa Gestión y Auditoría Especializada.
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¿Qué significa está imputación?
Cabe aclarar que la imputación de los presuntos implicados no corresponde a una culpabilidad, esto quiere decir que la responsabilidad fiscal es integrada por una conducta a título de dolo o culpa (grave) del gestor fiscal, un daño patrimonial y un nexo causal.
En estas circunstancias se deberán probar los tres elementos, para que posteriormente la entidad proceda a expedir un fallo.
«Estas personas entran a una etapamás robusta de investigación, probatoria, que permite seguir investigando más a fondo, pero en garantía del debido proeso de los imputados, hasta determinar las responsabilidades a que haya lugar», dijo el abogado de energía y gas OGE Legal Services, Hembert Suárez Lozano.
¿En qué iba el proceso?
Es imperativo recordar que se abrió la respectiva investigación por fallas en a ejecución y planeación del proyecto, la Contraloría estimó que el daño fiscal sería de $4 billones.
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Por otra parte, $2,9 billones fueron disgregados por concepto de destrucción del valor de la inversión por mayores valores injustificados; mientras que los restantes $1,1 billones por lucro cesante.
«No hemos dado margen alguno a la improvisación e, incluso nos hemos apoyado en expertos de la Universidad Nacional. Actuamos de manera desprevenida y sin riesgos», expresó Córdoba en entrevista con LR sobre la investigación.
«Si los incidentes generados por nuevas demandas tienen consecuencias fiscales, la Contraloría estará presente y presta a actuar sin dilaciones», añadió.
Entes de control
En agostos se desató un problema cuando EPM interpuso una solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría contra los consorcios involucrados en la construcción, por $9,9 billones; anunciando las fechas de la audiencia, no obstante, esta ha venido dilatándose y todavía no se celebra, causando alertas en el sector, especialmente en la veeduría TodosxMedellín.
Asimismo, la Procuraduría tiene una investigación por «presuntas irregularidades en el proyecto Hidroituango; las modificaciones de la licencia ambiental del mismo; su control y vigilancia que han podido incidir en la contingencia social, económica y ambiental existente a la fecha de apertura de esta actuación disciplinaria y en la gestión, manejo y control de esta».
La indagación, la cual se reanudó el pasado 8 de septiembre con la práctica de nuevas pruebas, vincuala a 25 personas, entre los que destacan varios nombre conocidos del proceso de la Contraloría, entre ellos dos directores de la Anla y el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.
