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El Cerro Rico de Potosí, emblema de la riqueza colonial y pilar de la economía minera boliviana, atraviesa hoy su crisis más severa en cinco siglos de historia.
Lo que durante décadas fue una advertencia técnica de especialistas y académicos, se ha transformado en abril de 2026 en una emergencia geológica y humanitaria de magnitud incalculable. Las comunidades locales y especialistas denuncian daños ambientales persistentes.
Reportes técnicos recientes y denuncias de diversos sectores sociales coinciden en un diagnóstico sombrío: la emblemática montaña no solo está perdiendo su icónica forma cónica, sino que se está desmoronando internamente bajo la presión de una actividad minera que no se detiene a pesar del riesgo inminente de colapso.
El hundimiento de la cúspide y el fracaso de los paliativos
La morfología del Cerro Rico ha sido alterada irreversiblemente. Según informes de la Comisión Técnica de la Universidad Autónoma «Tomás Frías» (UATF) que ha identificado al menos cuatro nuevos hundimientos de gran magnitud en la cúspide del yacimiento.
Para marzo de 2025, la cifra de hundimientos y deslizamientos ya superaba los 144 incidentes, afectando gravemente la estabilidad sobre la cota 4.400, una zona teóricamente protegida por normas de preservación.
Los actores del deterioro: cooperativas mineras y empresa Manquiri
La responsabilidad sobre el daño estructural se distribuye en una compleja red de intereses. Por un lado, las Cooperativas Mineras representan el sector de mayor presión social y política.
A pesar de los compromisos de migración hacia nuevas áreas de trabajo fuera de las zonas críticas de la cumbre, en los últimos 13 años no se ha registrado un avance significativo en la reubicación de estos grupos. La intensiva explotación manual y con explosivos en áreas prohibidas sigue siendo el principal motor de la inestabilidad geológica.
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