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Al menos 211 indígenas fueron asesinados en Brasil durante 2024, tres más que los registrados el año anterior, según reveló este lunes un informe del Consejo Indigenista Misionero (CIMI) elaborado con base en datos oficiales del gobierno brasileño.
El documento «Violencia contra los Pueblos Indígenas de Brasil» expone una realidad dramática que afecta a las comunidades originarias del país sudamericano, en un contexto marcado por disputas territoriales y el impacto de nuevas legislaciones controvertidas.
El asesinato de Nega Pataxó marca la escalada de violencia
Uno de los casos más impactantes documentados fue el homicidio de María Fátima Muniz de Andrade, conocida como Nega Pataxó, ocurrido el 21 de enero de 2024 en el municipio de Potiraguá, estado de Bahía. Esta líder indígena se convirtió en símbolo de la violencia sistemática que enfrentan los pueblos originarios.
Según el informe, cerca de doscientos agricultores irrumpieron a tiros en la hacienda Inhuma, territorio que se encontraba bajo ocupación de los pueblos indígenas Pataxó y Pataxó Hã-Hã-Hãe. El ataque resultó en la muerte de la líder y dejó varios indígenas heridos, evidenciando la escalada de violencia en las disputas territoriales.
Invasiones territoriales: una problemática persistente
A pesar de registrar una disminución del 16,7% respecto al año anterior, Brasil reportó 230 invasiones a reservas indígenas durante 2024. El informe detalla que 159 tierras indígenas distribuidas en 21 de los 27 estados del país sufrieron algún tipo de invasión, explotación ilegal de recursos o daños al patrimonio.
Un dato particularmente preocupante es que el 61% de los casos se registraron en territorios debidamente demarcados y registrados, lo que evidencia las dificultades del Estado brasileño para «proteger las tierras indígenas y garantizar el usufructo exclusivo de los pueblos originarios sobre sus territorios», según destaca el documento del CIMI, organización vinculada con la Iglesia Católica.
Las invasiones han resultado principalmente en incendios forestales y han facilitado la extracción ilegal de recursos naturales, así como el uso no autorizado de las tierras para actividades agropecuarias.
La polémica ley de Marco Temporal intensifica conflictos
El año 2024 estuvo marcado por intensas manifestaciones de agrupaciones indígenas que demandaron la derogación de la controvertida ley de Marco Temporal, aprobada en diciembre de 2023. Esta legislación establece una tesis jurídica polémica que limita los derechos de los pueblos originarios únicamente a aquellas tierras que efectivamente ocupaban el 5 de octubre de 1988, fecha de promulgación de la actual Constitución brasileña.
El principal argumento en contra de esta legislación es que desconoce los derechos ancestrales de los indígenas sobre territorios de los cuales fueron expulsados violentamente, tanto durante la colonización portuguesa como por terratenientes en épocas más recientes.
Según el informe del CIMI, «una de las principales consecuencias de la promulgación» de esta ley ha sido el «estancamiento casi total de los procesos de demarcación en curso». La organización argumenta que la legislación ha «sustentado e incentivado» todas las formas de violencia contra los pueblos indígenas de Brasil.
Un llamado urgente por justicia y dignidad
El secretario general de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, obispo Ricardo Hoepers, calificó el informe como «un grito por la vida, por la justicia, por la dignidad» durante una rueda de prensa. El prelado expresó su esperanza de que el documento «sirva como instrumento para transformar realidades, sensibilizar conciencias y para presionar a los poderes públicos a asumir su responsabilidad histórica con los pueblos originarios».
El estancamiento en los procesos administrativos de demarcación ha provocado que «muchas comunidades decidieran retomar y reocupar parte de sus tierras», generando reacciones violentas por parte de latifundistas, según documenta el reporte.
Además, el informe señala que «las tierras indígenas, incluso las ya regularizadas», han registrado invasiones y presiones por parte de «especuladores, ganaderos, cazadores, madereros y mineros», entre otros invasores que se han sentido alentados por el contexto de desajuste de los derechos territoriales.
La situación evidencia un panorama complejo donde los pueblos originarios de Brasil continúan enfrentando múltiples formas de violencia y despojo territorial, mientras las autoridades luchan por implementar políticas efectivas de protección y reconocimiento de sus derechos ancestrales.
