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Una de estas órdenes es contra el mandatario ruso, a quien la Corte lo señala de tener responsabilidad penal individual en la deportación y traslado ilegal de niños de zonas ocupadas de Ucrania. De acuerdo al Estatuto de Roma, también podría ser penado por la comisión del crimen de otro o por su conducta. Así como también por no haber ejercido un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos.
También se emitió otra orden de arresto contra Maria Alekseyevna Lvova-Belova, comisionada para los Derechos del Niño en la Oficina del Presidente de la Federación Rusa.
La Corte es un tribunal internacional que juzga por cuatro crímenes que preocupan a la comunidad como son el genocidio, crímenes de guerra, de lesa humanidad y de agresión.
Este tribunal de última instancia nace a través del Estatuto de Roma de 1998 y los países se han ido suscribiendo al mismo. Los casos que se dan a la Corte comienzan con un examen preliminar, luego pasa a una etapa de investigación donde se determina al sospechoso y se emite una orden de arresto o de comparecencia.
Una vez que esté frente a los jueces se da una audiencia de confirmación de cargos, tras esto, los jueces emiten un veredicto y, cuando hay un veredicto de culpabilidad, emiten una sentencia. El veredicto puede ser apelado tanto por el fiscal como por la defensa. Finalmente las sentencias se cumplen en el país que lo determine.
“Los Estados Partes apoyan a la Corte, aceptan la jurisdicción de la CPI y también trabajan para incorporar las reglas estipuladas en el Estatuto de Roma en sus propios sistemas judiciales. Así, cada país que se convierte en Estado Parte acerca al mundo a una protección universal de la CPI bajo el sistema del Estatuto de Roma”, indicó la Corte.
Rusia es uno de los países que no se ha ratificado el Estatuto de Roma, tampoco lo ha hecho Estados Unidos por lo cual no está obligado a cumplir con sus disposiciones.
“Las decisiones de la Corte Penal Internacional son carentes de sentido para nuestro país, incluso desde un punto de vista jurídico”, escribió en Telegram la portavoz de la diplomacia rusa, Maria Zajarova.
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