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Las condiciones de vida en Uruguay han ido cambiado
Cada vez más minados los derechos y garantías, generan un aumento de la conflictividad.
Para muestra, el gobierno incorporará a la policía camiones blindados y lanza aguas para reprimir manifestaciones.
A más de dos años de gobierno derechista liderado por Luis Lacalle, el adjetivo que mejor lo describe es “escandaloso”.
No pasa un día sin que salgan a la luz irregularidades.
Por donde se lo mire y cada vez en mayor cantidad y magnitud, se destapan situaciones que rozan la corrupción.
Desde el principio, en la oposición se dudó si se estaba frente a un gobierno con rumbo o a la deriva.
Algo que siempre se supo fue las líneas de gobierno que se iban a seguir.
La oligarquía rural y las castas militares son sin duda quienes ostentan el poder en Uruguay.
Es bien claro que no se andan con chichitas a la hora de defender sus intereses.
Este plan, no inició al comienzo del periodo .
En un proyecto orquestado, ahora con muchas más herramientas, el aparato del estado y aliados de la coalición, el gobierno no mezquina en llevar adelante su objetivo que, no es ni más ni menos: el traslado de recursos de abajo hacia arriba.
Pero como nadie puede ir contra su naturaleza, en cada administración del Partido Nacional, en un momento y otro salen a relucir situaciones al filo de la ley y la constitución.
Es uno de ellos, el caso Astesiano, ex jefe de seguridad de Lacalle, que es un escándalo por sí solo y con muchas aristas.
Se suma el caso del narcotraficante Sebastián Marset; la entrega del puerto de Montevideo por 60 años a una multinacional belga; el aumento de homicidios; el crecimiento de las ollas populares solidarias que siguen alimentando a pulmón y corazón.
Ni hablar de la reforma en la educación; de los casos de corrupción en la policía, los apremios a la justicia y al periodismo.
Los escándalos de este gobierno se suceden unos tras otros.
Entre tanto, la pobreza infantil crece sin parangón.
Datos brindados por el Instituto Nacional de Estadística señalan que aumentó la pobreza en menores de 6 años.
Los números dicen que la pobreza infantil aumentó de 18,6 por ciento a 19,7.
Los mismos datos afirman que la pobreza total se ubica en 9,9 por ciento, 1,1 por ciento más que en el año 2019.
Cabe consignar que todas las franjas están por encima del año 2019.
A pesar de estos resultados, para nada gratificantes, el Ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, muy suelto de cuerpo, declaró que son resultados “moderadamente alentadores”.
La gran contradicción está cuando consultoras como Price Waterhouse Coopers han publicado que en 2022, Uruguay tendría expansión y crecimiento económico.
Siguiendo esa línea, así lo demuestren los números oficiales.
Pero el famoso derrame no se estaría plasmando en la economía doméstica ni llegando a las franjas más vulnerables.
Para colmo de males recientemente se publicó que el Banco Central Uruguay se encuentra en peligro. ¿Dónde están esos dólares del crecimiento agroexportador?
Pese a todo ese crecimiento económico que declaran, el Banco Central del Uruguay (BCU) se encuentra en una situación crítica, según lo anunciado por el Ministerio de Economía y Finanzas.
El patrimonio del banco, de un día para el otro, ha disminuido significativamente, por lo que el Poder Ejecutivo deberá capitalizar la entidad en 2023 para cumplir con lo establecido por la ley.
Uno se pregunta si no estarán vaciando las arcas del estado.
Otra irregularidad que pasó casi desapercibida fue que la transnacional Movistar resultó beneficiada con una rebaja en la renovación de explotación del servicio 4G.
Está decisión de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) que benefició a la multinacional Movistar causó malestar en el seno del Frente Amplio (FA), y al final quedó solo en eso.
Lo extraño aquí es que la Ursec le concedió a Telefónica, propietaria de Movistar, la posibilidad de renovar su espectro 4G por seis millones de dólares, aunque un informe de los servicios técnicos de la entidad sugería un precio de 25 millones.
Es decir que se le regaló 19 millones de dólares a una empresa transnacional cuando desde el gobierno se insta a hacer auditorías a ollas populares solidarias, sostenidas por vecinos y vecinas.
Si uno escarba y busca alguna explicación, una pista del porqué 6 millones es más que 25, es que la presidenta de la URSEC, Mercedes Aramendía, fue Jefa de Relaciones Institucionales en Movistar durante seis años antes.
Otra muestra de la vigencia de las viejas y conocidas puertas giratorias y que, “favor con favor se paga”.
Hablando de libertades, según el informe anual 2022 de la ONG Amnistía Internacional, Uruguay descendió 26 puestos en el ranking de “Reporteros sin Fronteras”, sobre la libertad de expresión, pasando del lugar 18 al 44 de la lista de países.
Solo durante el año 2021 se habían registrado 51 casos de amenazas a periodistas, y que algunos de ellos, incluso medios de comunicación se enfrentan a acciones judiciales por el contenido de sus investigaciones.
Para justificar acciones, al concluir el año 2022, el Parlamento seguía examinando un proyecto que busca modificar la Ley 18.381 sobre el acceso a la información pública que, de aprobarse, obstaculizaría aún más la transparencia.
En el mismo sentido, algunas ONGs, hicieron varias solicitudes de información pública , pero no obtuvieron respuesta, o la recibida fue insatisfactoria.
La frutilla de la torta es, sin dudas, el caso Astesiano.
Allá por septiembre, Astesiano, hoy preso, supo ser, entre otras cosas, jefe de seguridad del Presidente.
Fue acusado de falsificar documentos entre otras cosas. En su comparecencia en el juzgado, el juez no permitió la entrada de la prensa y declaró la vista a puerta cerrada, incumpliendo así las disposiciones del Código del Proceso Penal sobre audiencias públicas.
Al final, quedó todo en el aire, tras acuerdo de juicio abreviado acordado por la fiscalia y el acusado. Esto impidió seguir líneas de investigación que, seguramente haría rodar otras cabezas.
Se puede agregar a esta novela, la persecución, tanto al anterior como al actual Fiscal de Corte, por parte del oficialismo.
Cabe recordar que el actual fiscal de corte Juan Gomez, retiró del caso a la fiscal actuante por considerar su actuación en el caso, si se puede decir, sesgada.
El Partido Nacional y Cabildo Abierto – socio de la coalición derechista de gobierno –son carne y uña para criticar a la justicia y poner en tela de juicio acciones legales.
Los primeros, sobre el Caso Astesiano primordialmente y los segundos, en casos referidos al terrorismo de Estado para defender a los torturadores, “pobres viejitos” como gusta de llamarlos Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto.
En estos días, en lo que se puede considerar un chantaje político, se dio la negociación entre el presidente Lacalle y Guido Manini Ríos, líder del ultraderechista partido Cabildo Abierto, el cual, entre otras cosas, solicita, para votar la reforma de seguridad social, se conceda prisión domiciliaria a mayores de 65 años, entre ellos, militares de rango, presos por crímenes en la pasada dictadura.
Parece inconcebible y paradójico, por no decir tragicómico, que por un lado se le está diciendo a la población que después de los 65 todavía puede trabajar, pero si torturó y reprimió durante la dictadura cívico-militar (1973-1985), ya está muy viejito para estar en la cárcel.
Hablando de las cárceles comunes, el sistema penitenciario adolece de un grave hacinamiento.
El número de personas recluidas ascendío al 120 por ciento de la capacidad prevista. Según el Comisionado Parlamentario, la población de las cárceles aumenta de forma constante, y al concluir el año llegó a la cifra de 14.497 personas.
En ese marco, se registraron 42 muertes bajo custodia.
Cómo dato determinante, Uruguay presentaba en 2022, la mayor tasa de encarcelamiento per cápita de América del Sur (411 por 100 mil habitantes).
Es de estimar en ese contexto, las condiciones de enorme insalubridad y hacinamiento.
Otro dato: 13 personas murieron en prisión por causas no violentas durante al año.
Para agregar y no menor, decir que el número de mujeres privadas de libertad ha crecido ininterrumpidamente hasta alcanzar hoy más de mil.
No pueden estar ajenas las operaciones de lavado de activos que aumentaron un 17, 7 %, que, en casos fraudulentos son 122 más, comparados con 2020, y esto es solo hablando de los detectados.
En contradicción y sobre el seguimiento del control sobre el lavado de activos, al cierre de 2021 “se evidenció una caída de los reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos, de parte de los actores no financieros, al impulso de la flexibilización impuesta por la Ley de Urgente Consideración (LUC)”.
Es que, el sector no financiero, “tal como se había previsto, desde que se aprobó la LUC disminuyó sus reportes de operaciones sospechosas en forma sustancial”.
“Las estadísticas muestran que los ROS de agentes no financieros (constructoras, escribanos, casinos, inmobiliarias, etcétera) cayeron fuertemente en 2020 (de 149 a 68) y en 2021 (de 68 a 39), alcanzando un mínimo en las estadísticas disponibles”.
Otro caso salpicó al gobierno.
Esta vez una militante del Partido Nacional, denunció al senador Gustavo Penadés de “pedófilo” y de “haber pagado por sexo a menores”, incluyéndola a ella misma en su adolescencia. De esa denuncia se suscitaron otras más y la Fiscalía General elevó un memo para actuar de oficio.
La respuesta del senador Penadés fue a través de conferencia de prensa en el propio parlamento. Resultó curioso, ya que luego calificó esto de “tema personal”, mezcló abuso de menores con su orientación sexual que nada tienen que ver. A dicha conferencia de prensa asistió nada más y nada menos que Luis Alberto Heber, Ministro del Interior, quién lo respaldó, poniendo así, en tela de juicio, su imparcialidad por el cargo que ocupa,
Dicho esto, pues él es la cabeza política que está a cargo de la policía, entidad encargada de la investigación contra el senador Penadés.
Cómo detalle, agregó que lo que realizó la denunciante “es una difamación.”
En la misma linea, se sumó, nada más y nada menos que el presidente Luis Lacalle, declarando ante periodistas sobre el caso que “le creo a él”, brindando apoyo explícito al senador Penadés.
Las garantías de esta denunciante y de tantas otras posibles víctimas son nulas.
Parte del pan de cada dia en Uruguay.
Cada día se reciben cuatro denuncias de niños abusados sexualmente. Muchos otros casos ni son reportados.
Pero aveces, al oficialismo le cuesta mantener alineado los patitos.
En esta nebulosa, cerco mediático, complicidad y demonización, el oficialismo sigue apuntando sus armas contra Carolina Cosse, la actual intendenta de Montevideo por el Frente Amplio.
Cosse y Yamandú Orsi son los dos precandidatos naturales a la presidencia por la coalición de centro izquierda.
El intendente de Canelones, Yamandú Orsi ya anunció su candidatura hace 15 días en el Congreso del Movimiento de Participación Popular (MPP), fuerza que lidera el ex presidente José Mujica.
Entre tanto a Carolina Cosse le han iniciado un juicio político por no presentar informes en la Junta Departamental de Montevideo, cuando a sido todo lo contrario.
Desde el mismo Partido Nacional se agarran los pelos y han cuestionado esta medida adoptada por ediles de la misma fuerza política a nivel departamental.
Es que, la conclusión a que llegan es totalmente lógica: se está persiguiendo a Carolina Cosse y se la está victimizando y poniendo en foco de la prensa.
Saliendo al cruce y para ordenar la casa, la actual vicepresidenta Beatriz Argimón declaró que el juicio político es “una medida extrema”.
Si Cosse sabe jugar sus cartas, puede dar vuelta esta situación a su favor de cara a las elecciones internas del Frente Amplio del año próximo.
Si así ocurriera, sería también gracias a la publicidad y este gran favor que le hace el propio gobierno.
Aquí y allá los sindicatos se movilizan y están alertas ante cualquier intento de vulnerar derechos, aunque el gobierno, por lo bajo, tiene bien claro a quienes defiende y representa y no son precisamente obreros y obreras.
Al mismo tiempo, el gobierno toma apuntes de los estallidos sociales de Chile y Colombia.
También mira de reojo lo que ocurre en Europa ante las protestas en Francia y República Checa por la reforma jubilatoria y el aumento de la edad de retiro, similar a lo que acontece por estas latitudes.
De repente, Uruguay pasó de ser ejemplo de prosperidad a ser parte de un andamiaje capitalista que siempre va en desmedro de los más vulnerados.
Es este, solo un pantallazo de lo mucho que ha cambiado un país dónde los slogans de campaña electoral del Partido Nacional ‘ Por la positiva” y “Es ahora”, no se sabe ni como ni cuando, al menos, para la clase trabajadora y las franjas más vulnerables de la sociedad.
Ante todo este panorama, la pregunta que todos se hacen:
El pueblo uruguayo, ¿seguirá durmiendo la siesta?
El pueblo uruguayo, ¿seguirá durmiendo la siesta?
Recordar aquél dicho que habla del camarón que se duerme…
