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El martes 4 de marzo de 2025, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Perú inició el juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo por su intento fallido de disolver el Congreso en diciembre de 2022. Este proceso, sin precedentes en la historia del país, se lleva a cabo en un ambiente judicial acondicionado dentro del penal de Barbadillo, donde Castillo está recluido desde el día del intento de golpe.
La fiscal Galinka Meza reiteró la solicitud de una pena de 34 años de cárcel para Castillo, acusado de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. Además, se solicitan tres años y seis meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Junto a Castillo, otros seis coacusados, incluidos los expresidentes del Consejo de Ministros Aníbal Torres y Betssy Chávez, el exministro del Interior Willy Huerta y tres exoficiales de la Policía Nacional, enfrentan penas que van desde los 25 a los 15 años de cárcel.
Antes del inicio del juicio, Castillo afirmó que el proceso es una «farsa» y se presentó sin abogado, rechazando la designación de un defensor público. En una carta difundida en redes sociales, Castillo indicó que no se somete al juicio y se considera «secuestrado» en el penal. A pesar de su negativa, se nombrará un defensor público según la normativa judicial vigente.
La fiscal Meza destacó que Castillo participó en la planificación del intento de golpe con el fin de modificar ilegítimamente el régimen constitucional. También se le acusa de ordenar medidas que perturbaron la tranquilidad pública y de abuso de autoridad por acciones como la detención de la Fiscal de la Nación. Castillo ha negado los cargos, argumentando que su discurso televisado no fue un mensaje a la nación y que no hubo levantamiento armado.
El juicio continuará con tres sesiones por semana, tras admitirse las declaraciones de más de 60 testigos y 75 documentos probatorios en las etapas previas. Este proceso marca un hito en la historia judicial peruana, al ser el primer juicio de este tipo contra un exjefe de Estado.
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