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Entre inhabilitaciones, decisiones del TSJ y maniobras legislativas, la oposición venezolana enfrenta un sistema electoral moldeado por el poder. Segunda entrega de Urnas bajo sombra.
En la primera entrega de Urnas bajo sombra, expusimos cómo el sistema electoral venezolano se ha convertido en un terreno donde la imparcialidad es más promesa que realidad: un árbitro cuestionado, un reglamento interpretado a conveniencia y un voto que, más que decidir, parece legitimar una estructura ya definida.
En esta segunda parte, seguimos el hilo hacia otro eslabón clave de ese engranaje: la forma en que las instituciones del Estado —en especial la Asamblea Nacional (AN) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)— han intervenido, directa o indirectamente, para consolidar un marco electoral favorable al oficialismo, incluso frente a las presiones internas y externas.
«En Venezuela, las reglas del juego electoral se escriben sobre un tablero que el mismo poder controla», sostiene un investigador de derecho constitucional que, por seguridad, pidió mantener su nombre reservado.
El papel de la Asamblea Nacional
Aunque la Constitución otorga a la AN la facultad de designar a los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), en la práctica esta competencia ha sido desplazada por fallos judiciales. La AN de mayoría oficialista (2016-2020) fue clave en aprobar leyes y reformas que ampliaron las prerrogativas del CNE, como la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) y disposiciones que permitieron la reorganización de partidos políticos opositores bajo criterios administrativos cuestionados (Gaceta Oficial, 2018).
Según un exasesor legislativo, bajo condición de anonimato:
«Las discusiones sobre el sistema electoral nunca fueron neutrales; siempre hubo un cálculo político detrás de cada artículo aprobado o bloqueado».
El rol del TSJ en el ajedrez electoral
El Tribunal Supremo de Justicia ha actuado como un árbitro final que, lejos de mediar, ha inclinado la balanza. Entre 2020 y 2023, el TSJ intervino partidos políticos opositores —como Acción Democrática, Voluntad Popular y Primero Justicia— entregando sus símbolos y siglas a facciones afines al oficialismo (Sentencias N.º 0071-2020 y N.º 0072-2020, Sala Constitucional). Además, el máximo tribunal designó, por “omisión legislativa”, a varios rectores del CNE en 2020, un mecanismo que, aunque previsto en la ley, ha sido cuestionado por expertos por su uso recurrente y políticamente alineado.
Una fuente vinculada a una ONG de observación electoral comenta:
«El TSJ se ha convertido en el verdadero arquitecto del escenario electoral. Cada decisión ha reducido el margen de acción de la oposición».
Oposición entre el bloqueo y la adaptación
Ante estas barreras, la oposición ha optado por tácticas de resistencia que incluyen la creación de estructuras paralelas de observación electoral, el uso de redes sociales para sortear el cerco mediático y la articulación con organismos internacionales para documentar irregularidades. Sin embargo, las fuentes consultadas coinciden en que estas acciones, aunque visibles, tienen un alcance limitado frente al aparato institucional del chavismo.
«Cada elección en Venezuela es una carrera cuesta arriba, donde la meta se mueve constantemente», señala un dirigente opositor que pidió no ser identificado por temor a represalias.
«Urnas bajo sombra» sigue siguiendo el rastro de las grietas democráticas. En la próxima entrega, exploraremos cómo el control del discurso público y la censura moldean la percepción ciudadana del voto. La historia se cuenta con datos y voces; las conclusiones, como siempre, quedan en tus manos….
