0
0
Este viernes, la Fiscalía General de Rusia declaró a la organización internacional Greenpeace como indeseable ya que es una amenaza para el orden constitucional y seguridad.
Mediante un comunicado, al Fiscalía señaló que las actividades de Greenpeace “van acompañadas de la defensa activa de posturas políticas e intentos de injerencia en los asuntos internos del Estado”.
“En no pocas ocasiones el trabajo de Greenpeace está relacionado con la obstrucción de la realización de programas estatales rusos por medio de la organización de campañas informativas y masivas acciones públicas no acordadas con las autoridades”, apunta.
Su objetivo, añade, “es formar una opinión negativa en el seno de la sociedad e impedir la conclusión de proyectos energéticos y de infraestructuras beneficiosos para el país”.
También la acusó de promover una propaganda antirrusa en el conflicto que llevan con Ucrania, en el que se llama a un aislamiento económico y al endurecimiento de las sanciones contra Rusia.
“Esta decisión torna ilegal cualquier tipo de actividad de Greenpeace en Rusia. Por ello, departamento de Greenpeace en Rusia se ve obligado a cerrar”, añadió la ONG.
En la lista a la que ingresa Greenpeace ya constaban 86 organizaciones, en su mayoría estadounidenses, como el Atlantic Council, Transparency International y Bellona, y medios como Meduza, Bellingcat y The Insider.
Rusia también dispuso que se incluya al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, en la lista de personas “buscadas” por la justicia. Esto, tras haberse emitido una orden de captura contra Vladimir Putin en marzo pasado.
“Fecha de nacimiento: 30 de marzo de 1970. Lugar de nacimiento: Edimburgo, Escocia (…) Buscado en virtud de un artículo del Código Penal”, indica el anuncio publicado en el sitio del ministerio del Interior, consultado el viernes por la AFP, sin precisar la índole del delito que se le imputa.
La CPI emitió la orden de captura por la “deportación ilegal” de miles de niños de zonas de Ucrania bajo control ruso en el marco del conflicto con esta exrepública soviética.
Esa acusación, asimilable a crímenes de guerra, fue rechazada por el gobierno ruso, que denunció una decisión jurídicamente “nula”.
