Según informa el centro de investigación CIPER, desde el estallido social (18 octubre) hasta la fecha se registran 8510 acusaciones por violación a los DDHH, menos de un 10% de los casos se han transformado en querellas. La represión del Estado se evidencia también con el actuar del Gobierno de Chile, ha realizado 1914 acciones judiciales contra 3274 personas, en la mayoría de los casos por “desorden público”
Hay un evidente trato desigual, esto no es sorpresa, uniformados gozan de un sistema de pensiones y salud distinto al de los ciudadanos. Son la herramienta del Estado que ejerce el monopolio de la violencia, amparados por el status quo. Qué criterios ejerce fuerzas especiales para decretar sus actos son la base de este espiral de violencia.
Las denuncias que se han hecho se reparten entre todas las distintas ramas de la fuerza publica; entre las cifras hay 30 uniformados sin clasificar y mas de 6 mil Carabineros.
Recientemente ha aumentado el gasto publico en armas de represión como; escopetas antidisturbios y carros lanza gases. Esto en contexto de crisis social y pandemia que azota y profundiza las necesidades de la población.
El Ministerio Público informa que hay 497 civiles privados de libertad por supuestos delitos, que en este caso tienen que ver con la revuelta popular, mientras que de 466 uniformados investigados por la fiscalía 64 han sido formalizados. El Poder Judicial estará bajo escrutinio de la opinión publica mientras no se vea un actuar acorde al contexto de violación de derechos.
