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Mientras Venezuela entierra a sus muertos, La Guaira fue militarizada. En 1999 eso derivó en abusos. Hoy el gobernador Terán y el alcalde Suárez guardan silencio.
CNAR Noticias
Venezuela lleva cuatro días contando sus muertos. Más de 1.450 fallecidos, 50.000 personas sin ubicar, edificios convertidos en polvo. Y mientras los vecinos cavaban con las manos y los rescatistas internacionales llegaban con perros y equipos especializados, el gobierno venezolano tomó una decisión urgente: militarizar La Guaira.
Sí. Prioridades.
El viernes 27 de junio, Jorge Rodríguez anunció que «el estado La Guaira se encuentra totalmente militarizado». La razón oficial: garantizar la seguridad, el orden interno y facilitar las labores de rescate. Qué alivio. Porque lo que le faltaba a una zona con cientos de edificios colapsados, hospitales improvisados en la calle y familias durmiendo en el asfalto era, claramente, más uniformes.
Esta historia ya ocurrió antes. En diciembre de 1999, el deslave de Vargas dejó entre 15.000 y 50.000 muertos según la fuente. El gobernador de entonces, Alfredo Laya — primer gobernador electo de ese estado — se negó a avalar la militarización decretada por Chávez.
La evacuación forzada de más de 100.000 personas fue una decisión militar, contra la voluntad de las autoridades regionales, que querían mantener a los damnificados dentro del estado. Las consecuencias fueron detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Laya terminó rompiendo relaciones con el gobierno central por eso.
Hoy, el gobernador José Alejandro Terán y el alcalde José Manuel Suárez guardan silencio. No hay declaración, no hay posición, no hay diferencia con Caracas. La Guaira vuelve a estar militarizada y sus autoridades regionales elegidas no tienen nada que decir.
Cuarenta organizaciones de derechos humanos sí lo dijeron: ninguna emergencia justifica suspender las garantías constitucionales. La respuesta será humanitaria solo si garantiza no solo la supervivencia, sino el pleno respeto de los derechos de las personas afectadas.En 1999, al menos el gobernador habló. En 2026, el silencio de Terán y Suárez dice todo lo que necesitamos saber.
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