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La Cámara Automotor Boliviana (CAB) expresó su rechazo a la propuesta de nacionalizar vehículos indocumentados y advirtió que una eventual legalización de los denominados «autos chutos» significaría premiar actividades ilícitas y castigar al sector formal cuyos precios no pueden competir con coches de origen ilegal.
El presidente de la CAB, Jhonny Salvatierra, cuestionó que se impulsen iniciativas de este tipo desde la Asamblea Legislativa y sostuvo que, en lugar de fortalecer el aparato productivo, se estaría favoreciendo a quienes operan al margen de la ley.
Según el dirigente empresarial, una eventual nacionalización enviaría una señal negativa a inversionistas, fabricantes internacionales y empresas que cumplen con las normas tributarias y aduaneras del país.
«¿Quién va a querer invertir en un país que legaliza el contrabando y el narcotráfico? Sería una burla para las personas que somos formales, que hemos pagado todos los impuestos y para la ciudadanía en general», sostuvo.
El ministro de Obras, Mauricio Zamora, abrió la posibilidad de analizar esa medida y aprobarla en el caso determinarse que sea buena el país.
Las declaraciones surgen después de que el diputado Reinaldo Seas (Libre) presentó un proyecto de ley para la nacionalización de autos “chutos”, argumentando que la medida generará ingresos para el país.
La nacionalización de autos “chutos” fue una promesa electoral de Rodrigo Paz, cuando se postulaba a la presidencia.
Los autos chutos son vehículos que entran de contrabando a Bolivia sin pagar impuestos. Estos autos circulan sin placas, no tienen seguro y no pueden ser registrados legalmente. Son ilegales, pero representan una parte muy grande del mercado informal boliviano.
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