El Tribunal Supremo ordenó a Donald Trump a entregar sus impuestos al jurado, pero el mandatario se ha resistido a hacer públicas estas declaraciones de impuestos.
El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ordenó este jueves 9 de julio del presente año al presidente Donald Trump a entregar sus impuestos al jurado de Nueva York, el cual lo investiga, pero consideró que la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, aún no puede acceder a esos documentos.
Este fallo supone un empate, aunque perjudicial para Trump, quien se ha resistido a hacer públicas sus declaraciones de impuestos, algo que sí han hecho todos sus antecesores a lo largo de la historia. Los jueces están haciendo públicas sus últimas decisiones este año, las cuales incluyen los casos por la difusión de las declaraciones fiscales.
Trump no tardó en mostrar su descontento y subió un tuit indicando lo sucedido, especialmente con el primer caso. “Los tribunales en el pasado han dado amplia deferencia. ¡Pero no yo!”, afirmó el presidente.
El primer caso tiene que ver con el fiscal de Manhattan, Cyrus Vance Jr, quien reclama las declaraciones de impuestos de Trump por un período de ocho años, en conexión con una investigación por el pago de dinero a dos mujeres quienes aseguran que tuvieron relaciones sexuales con el presidente.
Los jueces en el caso, fallaron que la fiscalía puede acceder a los documentos fiscales del presidente. Fueron siete de los nueve jueces que fallaron a favor, incluidos Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, postulados por Trump; y dos en contra. Por otro lado, Trump se ha negado a publicar sus declaraciones impositivas bajo el argumento de que sus impuestos están bajo auditoría.
Adicionalmente, la sentencia, escrita por el presidente del Supremo, John Roberts, rechazó la idea de que el mandatario tiene inmunidad absoluta frente a investigaciones criminales mientras esté en el cargo, lo que va en contra de lo que habían argumentado los abogados del Departamento de Justicia.
“Hace doscientos años, un gran jurista de nuestra corte estableció que ningún ciudadano, ni siquiera el presidente, está categóricamente por encima del deber común de presentar pruebas cuando se le solicita un proceso penal”, sentenció el tribunal, el cual complementó: “Reafirmamos ese principio hoy”.
