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Las representantes de las entidades participantes Asociación Ixoqib’ MIRIAM, La Alianza de Mujeres y Mujeres Indígenas por el Acceso a la Justicia y la Coordinadora 25 de noviembre hicieron un llamado a la población en general, a las instituciones del Estado, y los actores políticos, a velar por la protección de los derechos de la adolescencia y la niñez ya en que nuestro país aun se conocen muchos casos los cuales se ve muy poco avance en las investigaciones.
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Según lo da a conocer la abogada Lilian Bravo en el “Informe sobre los avances, desafíos y limitaciones del Programa Vida, del Ministerio de Desarrollo Social sobre la atención a niñas y adolescentes embarazadas o madres víctimas de violencia sexual menores de 14-19 años, para el año 2022-MIDES, tiene los siguientes hallazgos:
El año de menor ejecución es 2019 con un total de Q.913.500.00 y el año de mayor ejecución es el año 2021 con un total de Q.1.341.000.00, estableciendo que en los meses de enero a junio 2022 se ha ejecutado la mitad de ingreso presupuestario del 2021 siendo Q. 775.500.00.
La mayor población beneficiaria fue en el 2021 con 179 beneficiarias, para el año 2022 descendió a 147 beneficiarias. Además, para el año 2022 el grupo etario que se identifica es de 17 años y únicamente 2 adolescentes son de 13 años y 12 de 14 años.
Según indican en el informe presentado que aun no se identifica la pertinencia cultural debido a que se desconoce el idioma materno y el reconocimiento de los 4 pueblos. 80 niñas no cuentan con registro de que población pertenecen, aproximadamente 50 niñas pertenecen al pueblo maya y solo 2 niñas garífunas.
Según la profesional Lilian Bravo, se visibiliza que a nivel interinstitucional no se tiene la completa comunicación, el Ministerio de Salud Pública y las otras instituciones encargadas de dar el seguimiento para la referencia de casos. El Organismo Judicial no cuenta con la mayor información para la referencia de casos.
La cobertura geográfica sigue limitada, únicamente se cubren 19 departamentos, con un promedio de 1a 2 municipios por departamento, con la atención de 1 o 2 beneficiarias.
Al analizar la inclusión, se evidencia la exclusión, discriminación y falta de apego al marco jurídico penal, toda vez que el código penal establece en su artículo 173 que en su segundo párrafo respecto al agravante que aún con y sin consentimiento por razón de la edad ser menor de 14 años se comete el delito de violación.
Entidades que velan por los derechos de las mujeres y las niñas y adolecentes exigen al estado
Dar seguimiento inmediato a las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, cuyos casos se encuentran judicializados. Que el Estado establezca estrategias con pertinencia cultural para la implementación de una atención integral a las niñas y adolescentes víctimas de violencia para la reconstrucción de su proyecto de vida.
Las representantes de las organizaciones creen que se deben Asignar de manera prioritaria presupuesto y ejecución transparente de parte del gobierno en los programas enfocados a la niñez y adolescencia. Que el Programa Vida del MIDES sea implementado integralmente, con ampliación de cobertura y pertinencia cultural, brindando asistencia y atención psicológica, acompañamiento permanente a las niñas y adolescentes víctimas de violencia para su empoderamiento.
Las entidades participantes en dicha conferencia resaltan que se deben Tomar acciones concretas para prevenir estas y otras violaciones a los derechos de las niñas y adolescentes, reiterando de forma urgente la necesidad de la aprobación de la iniciativa 5285, Ley del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, que, con un enfoque integral basado en derechos humanos, protección social de carácter preventiva y protección especial, establezca un sistema articulado que permita dar respuesta a la niñez y adolescencia en Guatemala.
Las organizaciones mostraron de nuevo su absoluto rechazo e indignación por la situación que viven las niñas y adolescentes por el gobierno de Alejandro Giammattei en contubernio con los otros Organismos de Estado.
