Guatemala: Ministerio Público (MP) resaltó los detalles de las capturas de grupo vinculado a la estructura La Línea.

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Juan Francisco Sandoval, Fiscal Especial contra la Impunidad (FECI), del MP, informó en conferencia de prensa que al menos seis   personas, entre ellos, trabajadores y ex funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), participaron en la defraudación al Estado por 8 millones de quetzales.

Foto cortecia Comunicacion Social MP.

En su informe, el Fiscal Sandoval explicó que en el expediente se investigó la participación de coordinadores del área de rampa de la Aduana de Santo Tomás de Castilla, y que los mismos se desempeñaban como intermediarios y mantenían contacto con Jorge Alfredo Guillen Sagastume, señalado como el encargado externo de “La Línea” para este puesto aduanero.

Según la investigación, la estructura externa colocaba a personas dentro de las rampas de revisión para controlar el ingreso de contenedores a la aduana Santo Tomás de Castilla. Los coordinadores recibían el monto de dinero equivalente al porcentaje que cobraba la estructura por el paso de los contenedores y mantenían un control sobre las declaraciones de mercancías de los usuarios de “La línea”.

Foto Cortecia Comunicacion Social MP.

Este miércoles, la FECI con apoyo de fuerzas de seguridad realizaron diferentes allanamientos donde se capturo a Lorena Damaris Túnches,Mejía, Mynor René Cotón Guzmán y Juan Francisco Rodríguez Jacobo, que trabajan en diferentes secciones de la SAT.

También se capturó a los ex funcionarios de la SAT, Javier Ayala Ayala, Edgar Augusto Marroquín Herrera y Edwin Humberto Ruano Martínez, quien está privado de libertad por un caso de la Fiscalía de Delitos Económicos.

Finalmente el Fiscal Sandoval, aseguró que por sus funciones como coordinadores del área de rampa de revisión, entre el 8 de mayo de 2014 y el 10 de noviembre de 2014,  y por el paso de contenedores registrados por la organización La Línea, las seis personas cobraron Q2 millones 450 mil en comisiones ilícitas, y en total  como producto de la actividad ilícita, defraudaron al Estado por un monto de 8 millones 565 mil 312 quetzales con 31 centavos (Q8, 565,312.31).  

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