Este lunes pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Uruguay por violaciones de derechos humanos.
La Corte se manifestó respecto a los casos de desapariciones durante la dictadura militar de Luis Eduardo González González y Óscar Tassino.
También juzgó sobre los asesinatos de Diana Maidanik de 22 años, Silvia Reyes y Laura Raggio ambas de 19 años.
Las chicas fueron ejecutadas el 21 de abril de 1974, por militares uruguayos.
El caso trascendió a la opinión pública como: “las muchachas de abril”.
Martín Fernández, abogado demandante, manifestó que: «es importante que se reconozca que el Estado es responsable porque confirma la legitimidad del reclamo y la razón de los familiares en seguir buscando desesperadamente los restos, y saber qué pasó con sus familiares”
La condena confirma algo que se sabe de siempre y hace oficialmente responsable al país por la desaparición forzada de dos personas durante la dictadura y por la “diligencia investigativa” en el caso de la muerte violenta de tres mujeres jóvenes.
Hecha pública la sentencia este lunes, los miembros de la Corte declaran que existió responsabilidad por parte del Estado Uruguayo.
“La CIDH declaró responsable internacionalmente al Estado de Uruguay por las violaciones a distintos derechos humanos, en perjuicio de Luis Eduardo González González y Óscar Tassino Asteazu (víctimas de desapariciones forzadas que principiaron durante la dictadura que sufrió Uruguay entre 1973 y 1985).
También condenó la responsabilidad internacional de Uruguay por violaciones a derechos humanos en perjuicio de los familiares de Diana Maidanik, Silvia Reyes y Laura Raggio (ejecutadas por militares en la misma época)”.
En el comunicado se agregó que:
“más de tres décadas después, no se sabe toda la verdad sobre lo ocurrido ni se han determinado todas las responsabilidades penales por estos hechos”.
También se impone la obligación de “efectuar una búsqueda rigurosa por la vía judicial y administrativa pertinente”, y darle a las familias afectadas tratamiento psicológico.
La Corte Internacional concluyó que el Estado no investigó de forma debida los casos de muerte violenta de Maidanik, Reyes y Raggio por lo que los derechos de sus familiares a garantías judiciales y protección judicial fueron vulnerados.
Dictada sentencia, se establecen como obligación para el estado uruguayo, medidas de reparación que incluyen continuar las investigaciones, dar tratamiento psicológico a familiares de las víctimas y realizar un acto de público reconocimiento de responsabilidad a los hechos del caso en cuestión.
También se insta a incorporar estudios en derechos humanos en los programas de formación y educación en las escuelas de las Fuerzas Armadas.
Además se le encomendó al Estado uruguayo fortalecer la Fiscalía que se especializa en Derechos Humanos.
Se solicita:
“adoptar un plan estratégico dirigido a enjuiciar y castigar debidamente a los autores de actos de violencia contra la mujer cometidos durante la dictadura Cívico-Militar”
De acuerdo a distintos testimonios, las jóvenes llegaron a suplicar por sus vidas. Pese a eso, las tres fueron asesinadas.
De repente, la verdad y la justicia, parecen estar en sintonía, aunque muchos de los responsables ya estén en manos de otra justicia.
