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Este martes 11 de abril, se estaría votando en la cámara de representantes la nueva ley de tenencia compartida.
Al respecto, el Sindicato Médico Uruguayo y organizaciones sociales manifiestan su rechazo al proyecto de tenencia compartida.
Aseguran que “pone en riesgo” la salud y el desarrollo de las infancias.
A la vez, declararon su preocupación ante “las escandalosas cifras de violencia y abuso sexual” contra niños, niñas y adolescentes registradas en 2022.
El Sindicato Médico del Uruguay (SMU) rechaza “los cambios legales que se proponen” en el proyecto de ley de corresponsabilidad en la crianza o tenencia compartida.
Está ley fue elaborado por el Partido Nacional y Cabildo Abierto.
La aprobación definitiva está dispuesta para el próximo martes 11 de abril en el plenario de la Cámara de Representantes.
“Estos cambios carecen de toda evidencia científica” y “ponen en riesgo la salud, el desarrollo de niños, niñas y adolescentes y generan mayor desprotección a la infancia”, manifestó el gremio.
Sostiene ademas que:
“innovar en esta materia no es la solución para esta realidad tan acuciante”, sobre todo, “cuando ya existe una ley de tenencia compartida”.
En cambio, “darle mayores recursos al Poder Judicial para que los casos se resuelvan con mayor celeridad, evitará mayores riesgos de vida, protegerá y generará las mejores condiciones en nuestra sociedad para asegurar el respeto a la totalidad de los derechos de niños, niñas y adolescentes”.
Señaló además, su apoyo a la campaña en contra del proyecto de tenencia compartida “que están llevando diversas organizaciones que trabajan en la temática, exigiendo al Estado y a la ciudadanía en general el compromiso para prevenir, atender, proteger y sancionar esta vulneración de derechos”.
En este sentido, la Coordinadora contra la Violencia Vicaria convocó a una movilización el próximo lunes 10 de abril a las 18.30 en Plaza Libertad en rechazo a la iniciativa y contra la votación de una iniciativa que “encierra a las infancias con varones violentos
Días atrás, Amnistía Internacional publicó un informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. En ese informe indicó que en 2021 en Uruguay se registraron 108 embarazos en niñas y adolescentes de menos de 15 años.
Por su parte, el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia contabilizó 529 situaciones de explotación sexual contra niñas, niños y adolescentes en 2022, una cifra que viene en aumento desde 2019.
En el mismo sentido, organizaciones sociales vuelven a pronunciarse contra el proyecto de tenencia compartida:
“Es momento de frenar y no ser parte de este atropello”
“Toca votar por los que no votan. Los derechos de la infancia no se negocian”.
Con esta consigna como bandera decenas de organizaciones que trabajan en defensa de los derechos de las infancias y las mujeres, difundieron este lunes un comunicado.
En él, reiteran los motivos por los que el proyecto de corresponsabilidad en la crianza, o de tenencia compartida, es una “mala ley que daña la infancia”.
El pronunciamiento se hace en el marco de que la iniciativa sea votada en la Cámara de Representantes, el próximo 11 de abril.
En caso de contar con todos los votos de la coalición de gobierno la ley quedará definitivamente aprobada.
En el documento, las organizaciones que adhieren, recuerdan que se trata de un proyecto “que no tiene datos ni evidencia que justifique que se necesitan modificar las normas actuales sobre tenencia, visitas y vínculos entre progenitores y sus hijos e hijas, y menos aún en casos de violencia”.
Resaltan que:
“las normas vigentes garantizan la protección de niños y niñas y la persecución de los delitos que les afectan” y que “el problema grave” que hay en el sistema de justicia, en particular, es la “falta de recursos y formación que genera demoras y respuestas revictimizantes para todas las partes y en especial para niñas y niños”.
Consideran que, de aprobarse, es un retroceso en las garantías de protección de niñas, niños y adolescentes y que además, el país queda expuesto a recibir observaciones internacionales de los comités correspondientes.
En referencia concretamente al artículo 4 del proyecto, el comunicado insiste en que la iniciativa “parte de la premisa, sin datos ni evidencia, de que los adultos denunciados por abuso, maltrato o explotación son víctimas de denuncias falsas»
Consideran además que la ley está pensada para proteger a esos adultos denunciados por violencia, confundiendo el principio de inocencia con el principio de protección de niños y niñas, exponiendo a las víctimas a mantener visitas con quienes las y los violentan.
Esto no hace más que desconocer la dinámica de la violencia y las estrategias de quienes violentan”.
En esa línea, detallan que “votar esta ley es profundizar las barreras que tienen niños y niñas para acceder a la Justicia, es dar una herramienta más a los abusadores y explotadores para que puedan seguir violentando y silenciar a las niñas, niños y adolescentes que piden ayuda”.
“Votar esta ley es favorecer la impunidad»
«Aunque las niñas y niños no votan, las personas menores de edad que son abusadas, maltratadas o explotadas sexualmente no deberían ser negociadas en acuerdos políticos”.
“Es momento de frenar y no ser parte de este atropello; que cada cual asuma el compromiso de no votar esta mala ley que daña la infancia y comenzar a trabajar para fortalecer el acceso a la Justicia, con recursos y formación”, concluye el texto.
El comunicado tiene la firma de la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales Orientadas al Desarrollo, el Comité de los Derechos del Niño/a del Uruguay, el Comité de América Latina y el Caribe de Defensa de los Derechos de las Mujeres, la Intersocial Feminista, la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, y la Red Pro Cuidados.
La invitación es a concentrar a las 18.30 en la plaza Libertad, bajo la consigna “No es ‘tenencia compartida’, es encerrar a las infancias con varones violentos”, para luego marchar por 18 de Julio.
“Porque esta ley patriarcal defiende los derechos de ‘padres’ violentos por sobre el interés superior de niñes y adolescentes decimos: no es ‘tenencia compartida’, es encerrar a las infancias y adolescencias con varones violentos”, declara el texto que acompaña la convocatoria.
