Las muertes en las cárceles de Uruguay aumentaron un 79% en 2021, advierte un Comité de la ONU.
La Organización de Naciones Unidas le puso plazo a Uruguay para que presente estrategia de reforma del sistema carcelario.
El Estado uruguayo tiene hasta el 13 de mayo de 2023 para presentar una estrategia nacional de reforma integral del sistema carcelario.
La ONU exigió además, que demuestre que investigó e hizo un seguimiento de todos los casos de muertes ocurridas en los centros penitenciarios.
Tales solicitudes forman parte de las observaciones a las que llegó el Comité contra laTortura del organismo internacional.
Dicho Informe culminó con una serie de señalamientos hacia la situación de las prisiones en el país.
Se volvió a señalar por el organismo que Uruguay sigue sin tipificar en su ordenamiento jurídico el delito de tortura, tal como lo prevén convenios internacionales firmados por el país.
La ONU planteó que esa carencia entra en contradicción con lo dispuesto en el Código del Proceso Penal.
Además de ello el comité realizó un examen pormenorizado donde marcó puntos vitales dónde el estado está en falta con respecto a los derechos de los individuos privados de libertad:
–El derecho a ser asistidos sin demora por un abogado
–A requerir y tener acceso inmediato a un médico independiente y, de ser posible, de su elección, aparte de cualquier examen médico que pueda realizarse a petición de las autoridades.
–A ser informados de las razones de su detención y de la naturaleza de los cargos que se les imputan en un idioma que comprendan; a que se registre su detención.
–A informar con prontitud de su detención a un familiar o a un tercero, y a ser llevados ante un juez sin demora.
–Garantizar la grabación audiovisual de los interrogatorios que se realicen a las personas privadas de libertad.
–Almacenar esas grabaciones en un lugar seguro y bajo el control de los órganos de vigilancia, y que éstas estén a disposición de los investigadores, los detenidos y los abogados.
Se suma a todo esto la solicitud de adoptar “medidas legislativas y de otra índole” que garanticen que cualquier empleo de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, acate “los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad”.
Asimismo, insta a velar por la apertura de “investigaciones prontas, imparciales y efectivas de todas las denuncias relativas al uso excesivo de la fuerza por agentes de las fuerzas del orden y seguridad pública,” y garantizar que se enjuicie a los presuntos autores. De ser declarados culpables, pide que se les impongan penas acordes con la gravedad de sus actos y que se indemnice adecuadamente a las víctimas.
En el mismo sentido se solicita: “que todos los agentes del orden reciban sistemáticamente capacitación sobre el uso de la fuerza, teniendo en cuenta los Principios Básicos sobre Empleo de la Fuerza”.
Se exigen medidas urgentes para corregir las deficiencias en los centros penitenciarios, especialmente en el “suministro de agua en las celdas, la falta de camas, los problemas de calefacción e iluminación y el mal estado de las instalaciones eléctricas”.
También se deberán permitir las actividades al aire libre, como el ejercicio físico, las de rehabilitación y las psicosociales.
Del mismo modo, en todos los centros de prevención de libertad se deberá garantizar la estricta separación entre los reclusos preventivos y los condenados.
El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas expresó su preocupación por el incremento en el número de muertes registradas en las cárceles durante el período examinado, que fue de un 79% en 2021.
Se dió cuenta que una gran número de esas muertes fueron “por falta de asistencia y tratamiento médico” en las personas con problemas de salud mental.
Solicita , se investigue “de forma imparcial por un órgano independiente” todos los fallecimientos durante la privación de libertad.
El último informe del comite señala que Uruguay está en el puesto catorce a nivel mundial en cantidad de privados de libertad en relación a su población.
Esto deja al desnudo las políticas llevadas a cabo al respecto, la contradicción en la mejora de la seguridad y que se están resolviendo problemas sociales con medidas penales.
