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El presidente del Parlamento, Virgilio Saquicela, no autorizó que la sesión de la mesa se realice de forma virtual como se describe en la convocatoria. “Por la trascendencia de los hechos, la Comisión debe sesionar de forma presencial”, señala un documento suscrito por el secretario general de la Asamblea, Álvaro Salazar.
Según el procedimiento contemplado en el artículo 91 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Comisión de Fiscalización remitirá al presidente de la Asamblea Nacional, en el plazo de diez días improrrogables, un informe motivado para conocimiento del pleno que especificará las razones por las cuales recomienda o no el enjuiciamiento político del presidente de la República.
El informe elaborado por el grupo asesor de la Comisión de Fiscalización y suscrito por el presidente de la mesa, Fernando Villavicencio, recomienda no enjuiciar al primer mandatario en razón de que no se pudo establecer responsabilidad política por peculado sobre los supuestos perjuicios al Estado al presidente constitucional de la República, Guillermo Lasso Mendoza, relacionado con el mencionado examen especial de la Contraloría General del Estado, por no existir celebración de nuevos contratos entre Flopec EP y Amazonas Tankers Pool en el periodo de gestión del actual mandatario.
Villavicencio explicó que una vez que los asesores de la Comisión concluyeron de redactar el informe borrador se pidió la participación de los asesores de los asambleístas integrantes de la mesa para que entreguen sus aportes, pero que los únicos que presentaron comentarios fueron Ana Belén Cordero, Pedro Velasco y Marco Troya (BAN).
Procedimiento
Instalada la sesión de la Comisión, este sábado 6 de mayo a las 10:00, se receptarán aportes, comentarios y luego se someterá a votación la propuesta de informe, pero alrededor de la recomendación principal que es no enjuiciar al presidente Guillermo Lasso, afirmó Villavicencio, tras señalar que no puede haber un informe que incorpore posiciones contrarias; no puede haber un informe que recomiende un juicio político y al mismo tiempo señale que hay indicios de peculado.
El presidente de la mesa aclaró que los acusadores Viviana Veloz (UNES), Mireya Pazmiño (separada de Pachakutik) y Rodrigo Fajardo (separado del bloque ID) no presentaron una sola prueba de la existencia de peculado, pues “no se ha presentado una cifra, una cantidad económica en la que el presidente de la República se haya beneficiado de los contratos entre Flopec EP y Amazonas Tankers; tampoco el beneficio a terceros durante la administración de Guillermo Lasso.
Destacó que el elemento contundente del informe es lo que señala la Corte Constitucional sobre la existencia de un informe de la Contraloría del Estado que establece un perjuicio de $ 6,1 millones durante el año 2022, es decir, en el gobierno de Lenín Moreno. Por ese hecho no hay ninguna responsabilidad ni civil ni penal del gobierno de Guillermo Lasso.
Y la misma Corte Constitucional, en su dictamen, advierte que de haber continuado estos contratos y haberse firmado un nuevo contrato en julio de 2022, como afirmaron los acusadores, eso sí permitiría identificar la responsabilidad del presidente Guillermo Lasso.
Pero lo que señala el informe borrador es que los cuatro acusadores jamás presentaron esa prueba y no solo eso, sino que el documento oficial firmado por el gerente comercial de Flopec EP, Jorge Regalado, afirma que el contrato de julio del año 2022 no existe. Por lo tanto, al no existir el contrato, qué responsabilidad civil y penal puede determinarse en el presidente Guillermo Lasso.
En cuanto a los supuestos perjuicios económicos en el contrato entre Flopec EP y Amazonas Tankers, la misma gerencia de Flopec y la Contraloría del Estado confirman que lo que hizo la empresa pública en el 2021 y 2022 es cumplir las trece recomendaciones del informe de la Contraloría y por esa razón, mientras en el año 2020, existe una pérdida de $ 11,7 millones, en el año 2021 hay utilidades de $ 13 millones y en el 2022, ingresos por $ 177 millones.
Villavicencio sostuvo que la prueba más fuerte a favor del presidente Guillermo Lasso es el informe aprobado por la Comisión de Régimen Económico, presidida por la asambleísta Mireya Pazmiño, porque mientras los acusadores, incluida ella, pretenden responsabilizar al gobierno del presidente Lasso por perjuicios económicos en los contratos de Flopec con Amazonas Tankers, en el documento señala que esos contratos son beneficiosos y altamente competitivos para el país.
El presidente de la Comisión aclaró que la ley no permite al pleno cambiar el informe motivado respecto al juicio político al primer mandatario, pero que en la actual Asamblea Nacional se puede hacer todo al margen de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pero que su responsabilidad llega hasta el artículo 91 de la Ley.
“Yo no me voy a prestar para dejar de herencia en este país un informe con el que mañana cualquier presidente de la República puede ser destituido por un peculado omisivo, yo voy a dejar un informe serio y en derecho; y que el presidente de la Asamblea haga lo suyo y el pleno lo suyo”, afirmó el legislador nacional.
Si quieren sacar a un presidente de la República por un presunto delito de peculado, vayan y consigan las pruebas, pues lo que hicieron los cuatro acusadores fue engañar al Parlamento e inducir al error a la Corte Constitucional, porque la prueba madre no existe, afirmó.
.@VillaFernando_ : Si quieren destituir a un presidente de la República por un presunto delito de peculado vayan y consigan las pruebas. Es responsabilidad del pleno cambiar el informe motivado que no recomienda el enjuiciamiento político de @LassoGuillermo. @eluniversocom pic.twitter.com/wwGYp4krNN
— Vicente Ordóñez P. (@vicenteopi) May 5, 2023
Reacciones
La legisladora de la bancada UNES Gissela Garzón explicó que la Comisión está convocada para conocer el informe, por lo tanto, se tendría que abrir el debate para que los asambleístas puedan incluir observaciones o en su defecto ser elevadas a moción para votación y se incluyan en el texto final.
Resaltó que fue pertinente lo realizado por sus coidearios de la Comisión al acudir el jueves pasado a la reunión de asesores, porque cuando se construye un informe son los comisionados quienes deciden qué se toma o se cambia del texto, y eso mismo debe ocurrir en los procesos de fiscalización.
En cambio, la asambleísta Viviana Veloz (UNES), proponente del juicio político al primer mandatario, calificó como “burla para un país que enfrenta una grave crisis” el informe borrador presentado por el legislador Fernando Villavicencio.
Aseguró que ese informe fue redactado en el Palacio de Carondelet por Henry Cucalón, ministro de Gobierno; Mario Cuvi, subsecretario de Gobierno, y el asesor Gonzalo Muñoz, y que el documento no guarda relación con los antecedentes y la conclusión. El asambleísta Villavicencio añadió la legisladora correísta pretende hacer fraude a la Constitución y democracia, porque sabe que no tiene los votos para aprobar su informe.
El legislador de la Izquierda Democrática Alejandro Jaramillo señaló que como está planteado el informe borrador el juicio al primer mandatario está caído, porque se logró determinar que la prueba madre de la acusación no existe.
Sin embargo, dijo que es el pleno quien deberá determinar si continúa o no el juicio al primer mandatario con una resolución de 70 votos.
.@JaramilloG_A (ID) señala que con el informe borrador el juicio político al presidente @LassoGuillermo está caído. Que una resolución del pleno podría abrir la posibilidad de el proceso continúe. @eluniversocom pic.twitter.com/bD83OvxNfv
— Vicente Ordóñez P. (@vicenteopi) May 5, 2023
