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Las desapariciones forzadas en Venezuela han dejado de ser una excepción para convertirse en una política de Estado. La reciente exigencia de la ONU para que el gobierno de Nicolás Maduro revele el paradero de las personas desaparecidas en el contexto de las elecciones de 2024 es un eco más en la larga lista de llamados internacionales ignorados por el régimen. No se trata de un hecho aislado, sino de una práctica sistemática que busca, con la represión, perpetuar el miedo y sofocar cualquier intento de resistencia.
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU ha alertado sobre el uso creciente de esta táctica como una herramienta para silenciar a opositores, activistas prodemocracia y defensores de Derechos Humanos. El mensaje es claro: nadie que cuestione al poder está a salvo. La desaparición forzada no solo busca eliminar a un individuo, sino generar un efecto disuasorio en toda la sociedad. Se trata de un mecanismo de terror que va más allá de la víctima directa: destruye familias, erosiona la confianza en las instituciones y arrasa con la noción misma de justicia.
La represión post-electoral: un punto de inflexión
Las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 marcaron un punto de quiebre. Las denuncias de fraude desataron protestas masivas, muchas en antiguos bastiones chavistas, reflejando un hastío que no distingue filiaciones políticas. La respuesta del Estado fue una represión brutal: en las primeras 48 horas, más de 900 manifestaciones fueron reprimidas con violencia extrema, dejando 25 muertos y más de 2,000 detenidos. Entre los arrestados hubo menores de edad y personas con discapacidades, acusadas absurdamente de terrorismo.
Justicia bloqueada y familias desesperadas
La opacidad judicial en Venezuela ha obligado a las víctimas a recurrir a instancias internacionales. Sin embargo, los testimonios de familiares y abogados evidencian que las denuncias no solo son ignoradas, sino que, en algunos casos, ni siquiera se aceptan. La represión en Venezuela es galopante.
El habeas corpus, un recurso fundamental para la protección de los derechos individuales, ha sido sistemáticamente bloqueado. La justicia ha dejado de ser un camino viable para los perseguidos y sus familias.
Un problema que trasciende fronteras
El caso de Venezuela no es solo un problema interno. La comunidad internacional debe asumir que no se trata de una crisis política más, sino de un régimen que ha institucionalizado la violencia como forma de control. La represión en Venezuela es un grave problema.
La ONU ya ha calificado la situación como una de las crisis de derechos humanos más graves en la historia reciente del país, pero las resoluciones y comunicados no bastan. Se requiere una presión real, sostenida y coordinada para frenar la maquinaria represiva.
El deber de la memoria y la justicia
La lucha contra la desaparición forzada no es solo una cuestión de Derechos Humanos; es un asunto de dignidad y memoria. No podemos permitir que el silencio sepulte la verdad. Las voces de los desaparecidos siguen clamando justicia, y es deber de la sociedad venezolana y del mundo responder a ese llamado.
