La Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas critican la brutalidad de las fuerzas de seguridad en las protestas de Colombia.
La caída de la estatua del colonizador español Sebastián de Belalcázar en Cali en manos del pueblo originario misak dio inicio el 28 de abril a una jornada de protestas para rechazar el proyecto de reforma fiscal presentado por el Gobierno colombiano.
El sonido de Colombia es el del temor y la incertidumbre. En las calles de algunas ciudades se escuchan disparos que retumban en la oscuridad, carreras y gritos. El país vivió este martes una nueva jornada de violencia que ha alertado a los organismos internacionales.
La Alta Comisionada de la ONU Derechos Humanos de Colombia Juliette de Rivero, tuiteó este martes 4 de mayo: “Estamos sumamente preocupados por la información que estamos recibiendo a esta hora sobre un número no confirmado de personas muertas y heridas en Cali. Llamamos al respeto a la vida de todas las personas (…)” y ha denunciado que sus unidades habían recibido disparos y agresiones por parte de la fuerza pública. Con esta, las calles de decenas de ciudades de Colombia, en especial la de Cali, han vivido ya cuatro noches de terror.
Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali, Colombia, la pasada noche ??video con pronunciamiento de portavoz de la Alta Comisionada de la ONU Para los Derechos Humanos pic.twitter.com/xXeA7MIpeO
— ONU Derechos Humanos Colombia (@ONUHumanRights) May 4, 2021
El tuit del exmandatario colombiano
El 30 de abril, el ex presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez publicaba en Twitter el siguiente mensaje: “Apoyamos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad (…) de la acción criminal del terrorismo vandálico”.
Automáticamente la sociedad colombiana movilizada en redes activó cadenas de mensajes explicando cómo denunciar el mensaje en Twitter por incitación a la violencia y diez horas después Twitter lo eliminó.
#SOSColombia
Durante las siguientes tres noches no han parado de ser publicadas en redes sociales, con el #NosEstanMatando #SOSColombia o #UribeDioLaOrden, imágenes terroríficas de la violencia policial aplicada contra grupos de manifestantes en las calles de varias ciudades.
La noche del 2 de mayo a través de una retransmisión en directo del perfil de Instagram de Juan de León se pudo ver el asesinato por parte de la policía del joven Nicolás Guerrero en la ciudad de Cali.
Al día siguiente, De León denunciaba que amigas y familiares habían recibido llamadas preguntando por su ubicación y que sus páginas de Instagram y Facebook habían sido hackeadas. “Me veo obligado a abandonar Cali”, añadía en un mensaje en Twitter.
Hackearon mi Insta y FB varias veces hoy.
Llamadas extrañas a familiares y amigos, preguntan mi ubicación. Hago responsable al Estado Colombiano por mi integridad y seguridad de los míos.
Motivo por el cual me veo obligado a abandonar #Cali
Mi cel Sigue Dañado @ONUHumanRights— DJ JUAN DE LEON ᴰᴶ (@DJ_JUANDELEON) May 3, 2021
No se conoce el número total de fallecidos, heridos y desaparecidos
Militarización del territorio, persecuciones en moto, ráfagas, disparos, torturas y agresiones sexuales han sido denunciadas por doquier en todas las latitudes del país y las defensoras de derechos humanos exclaman que la confusión general imposibilita la tarea de verificación del número de personas muertas, heridas, detenidas y desaparecidas.
Juan Diego Perdomo tenía 21 años y estudiaba educación artística. Marchaba pacíficamente por su ciudad, Neiva, cuando una fuerte carga de gases lacrimógenos del Escuadrón Móvil de Antidisturbios (ESMAD) le llevó a un fatal paro cardíaco entre la multitud. Él fue la primera víctima mortal de esta huelga general.
«Existe un subregistro y está siendo muy difícil verificar en campo porque la policía agrede a observadores de derechos humanos y comunicadores, incumple totalmente los protocolos que le obligan a respetar la vida de las manifestantes, utilizan munición real”, asegura Diego Chávez, miembro de la Comisión Colombiana de Juristas.
El senador progresista Iván Cepeda le preguntaba al Gobierno colombiano el 3 de mayo a través de Twitter: “¿Cómo es posible que aún no conozcamos un informe oficial sobre cuántos muertos, heridos, desaparecidos, mujeres violadas habría dejado la acción del ESMAD? ¿Es necesario imponer el silencio propio de regímenes de terrorismo de Estado?”
Al gobierno pregunto: ¿Cómo es posible que aún no conozcamos un informe oficial sobre cuántos muertos, heridos, desaparecidos, mujeres violadas, habría dejado la acción violenta de la policía y del ESMAD? ¿Se quiere imponer el silencio propio de regímenes de terrorismo de Estado?
— Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) May 3, 2021
El Instituto de Desarrollo y Paz (Indepaz) denunciaba el día 1 de mayo, jornada de movilización masiva en todo el país, que solo en la ciudad de Cali habían muerto en manos de la fuerza pública 12 personas, incluidos dos menores de 13 y 17 años.
Una de las pancartas más vistas durante estos días predica: “El Gobierno genocida de Duque es más peligroso que la pandemia”.
La pandemia en Colombia ha hecho que hasta 21 millones de personas, un 42% de la población, esté viviendo en situación de pobreza, según el Departamento de Estadística (DANE). “La reforma tributaria es más violenta que cualquier protesta”, denunciaba otra pancarta en Cali.
