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El gobierno venezolano envió una denuncia a la FAO tras la intercepción de un buque pesquero en su Zona Económica Exclusiva, donde murieron nueve pescadores. Sin embargo, expertos señalan que el organismo no tiene competencia para actuar en conflictos militares, y que los tribunales internacionales serían los foros adecuado
El 17 de septiembre de 2025, la vicepresidenta Delcy Rodríguez envió una carta a la FAO y otros seis organismos internacionales denunciando la supuesta violación de la soberanía de Venezuela por parte de Estados Unidos. La misiva describe la intercepción del barco Carmen Rosa por parte del destructor estadounidense USS Jason Dunham, con un saldo de nueve muertos, y critica la acción como un acto ilegal y hostil.
Si bien los hechos del abordaje y las muertes son graves y verificables, la elección de la FAO como receptor de la denuncia genera cuestionamientos. La FAO es un organismo especializado en alimentación y pesca, pero no tiene autoridad para sancionar ni mediar en incidentes militares o disputas de soberanía marítima.
Los tribunales internacionales competentes, como el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS) o la Corte Internacional de Justicia (CIJ), serían los foros adecuados para abordar legalmente este tipo de conflictos.
Analistas señalan que la denuncia ante la FAO parece más una estrategia de propaganda y visibilidad internacional que un intento de acción legal efectiva.
El enfoque permite al gobierno venezolano proyectar victimización frente a la comunidad internacional, mientras evita enfrentarse a tribunales que podrían exigir pruebas sólidas y un proceso jurídico Forma.
Aunque la denuncia de Venezuela refleja un incidente real con víctimas, el uso de organismos sin competencia para conflictos militares subraya un patrón de teatralidad diplomática y plantea dudas sobre la seriedad de la respuesta del gobierno ante hechos tan graves.
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