0
0
A 100 días de asumir la presidencia encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez muestra avances en producción petrolera y apertura económica internacional, mientras la oposición y organismos globales exigen garantías democráticas y un calendario electoral claro
Cien días después de asumir la presidencia encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez presenta un balance que combina avances macroeconómicos con interrogantes políticos que la comunidad internacional aún no da por resueltos.
Rodríguez tomó el mando el 5 de enero de 2026, por mandato del Tribunal Supremo de Justicia, tras la salida de Nicolás Maduro. Desde entonces, su gestión apostó por el pragmatismo: producción petrolera en 1,1 millones de barriles diarios, flexibilización de sanciones sobre la banca estatal, reactivación de licencias para operadoras como Chevron y acercamientos formales al FMI para la reestructuración financiera. El lema de «Venezuela productiva» sintetiza una apertura que, hace apenas dos años, habría sido impensable bajo el chavismo ortodoxo.
En el plano interno, el gobierno reporta la implementación de una Ley de Amnistía que habría beneficiado a más de 8.000 ciudadanos, junto con la activación de 6.000 «cuadrantes de paz» orientados a reducir la violencia política. La narrativa oficial gira en torno a la «cohesión social», y el reciente subcampeonato venezolano en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 fue capitalizado como símbolo de «resiliencia nacional».
Sin embargo, los cuestionamientos persisten. Sectores opositores y organismos internacionales exigen una hoja de ruta concreta hacia elecciones generales. La extensión del mandato encargado —originalmente limitado a 90 días por la Constitución— sumó otro punto de fricción sobre la legitimidad del proceso.
El balance de este primer trimestre revela una Venezuela que negocia su reingreso al sistema financiero y energético global, pero que aún no ha despejado la pregunta central: cuándo y cómo se traducirá esta transición en garantías democráticas reales.
